Por Víctor Silva, del Equipo de Análisis de Datos e Información de Contingencia Chile

Un laberinto sin salida rápida. Así es como se configura hoy la realidad emocional y el acceso a la salud mental para miles de niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Los datos más recientes recopilados por el Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez revelan una radiografía dramática y que no muchos se atreven a mirar: un sistema de salud desbordado y una juventud que manifiesta su dolor psíquico a través de conductas de alto riesgo.

Una mente bajo asedio

De acuerdo con la última medición de la Encuesta Longitudinal de Primera Infancia, tres de cada cuatro adolescentes presentan algún síntoma de ansiedad o depresión, situando a un alarmante 26,5% en la categoría de síntomas moderados o severos. Los ingresos a los programas de salud mental de acuerdo al Departamento de Estadísticas e Información de Salud del MINSAL (DEIS) han superado con creces los niveles previos a la pandemia, concentrándose mayoritariamente en el tramo de los 10 a 19 años.

¿Qué está gatillando este malestar? Las autoridades apuntan de forma urgente a actualizar los instrumentos de evaluación ante nuevas conductas asociadas a los trastornos de los hábitos y de impulsos no especificados. Bajo esta opaca etiqueta técnica se esconden realidades modernas que recién comienzan a investigarse de lleno, como las adicciones descontroladas a videojuegos y apuestas digitales, las prácticas reiteradas de automutilación y las conductas de compra compulsiva en plataformas virtuales.

Sin embargo, el dato más crudo que exhibe la Defensoría de la Niñez se materializa en los pabellones de urgencia. Los egresos hospitalarios por lesiones autoinfligidas se dispararon un 137% entre 2015 y 2025. Este fenómeno tiene un marcado sesgo de género: las mujeres representan el 81% de estos casos, registrando un aumento en las hospitalizaciones del 140% a lo largo de la década, una tendencia al alza exacerbada drásticamente desde el año 2020. 

Al indagar en la naturaleza de estos incidentes, el envenenamiento autoinfligido acapara el 84% de las causas, mediante la ingesta deliberada de fármacos psicotrópicos, sedantes o analgésicos comunes. Aunque las intenciones de suicidio autopercibidas en encuestas juveniles muestran un leve respiro estadístico bajando la guardia de las «ganas de terminar con la vida», las fatalidades reales por lesiones autoinfligidas experimentaron un incremento entre 2023 y 2024, estrechando peligrosamente la brecha histórica entre hombres y mujeres.

Listas de espera que cobran vidas

En materia de salud, la promesa de atención médica oportuna flaquea de manera estructural. Si bien la Encuesta Casen arroja que el 95,5% de los menores declara haber recibido alguna atención por enfermedad o accidente, el verdadero cuello de botella se vive en los tratamientos especializados y crónicos. Al cierre del 2025, el Ministerio de Salud reportó 3.605 Garantías Explícitas de Salud (GES) retrasadas. 

La peor parte se la llevan quienes dependen del cuidado del Estado: decenas de estas garantías vencidas corresponden a menores pertenecientes a programas del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia. Las consecuencias de esta tardanza institucional son trágicas: solo en 2024, 10 menores fallecieron debido al incumplimiento directo de su GES.

La realidad es aún más desoladora fuera de las patologías garantizadas. El sistema registra 407.935 solicitudes en lista de espera médica No GES para menores de 15 años. Durante el año 2024, 303 niños y adolescentes murieron esperando una atención No GES; de ellos, 108 ni siquiera habían cumplido los 4 años de edad.

Los más vulnerables quedan atrás

El abandono se agudiza en los extremos del tejido social. Aquellos menores bajo custodia del Estado en residencias de protección enfrentan una desatención alarmante: un 14% percibe que «nunca o no siempre» los llevan al médico cuando enferman, y un 7% denuncia que ni siquiera son cuidados de forma constante durante sus dolencias. Además, el acceso a profesionales de salud mental es una muralla económica insalvable.

La percepción de los propios jóvenes sobre costear un tratamiento prolongado con psicólogos disminuyó drásticamente de cara al 2025. Cuando se trata de la atención psiquiátrica básica, un 32% de los menores vulnerables que requieren con urgencia a este especialista acusan que «a veces» o «nunca» pudieron acceder a una cita.

¿Qué dicen los expertos?

Sobre los datos del informe, el Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, apunta a que «el entorno social, cultural y tecnológico en el que niños, niñas y adolescentes se desarrollan ha cambiado vertiginosamente; sin embargo, las políticas públicas para su protección parecieran no avanzar al mismo ritmo».

A nivel comunitario, expertos recalcan que este declive no responde a factores puramente biológicos, sino que refleja un fenómeno transversal de soledad profunda, aceptación de discursos violentos en redes sociales y la falta de educación sexual que nutre diariamente las conductas de ciberacoso escolar.

Con todo, queda en evidencia que el dolor psíquico no atendido muta rápidamente en crisis sociales complejas. Mientras la tecnología redefine los trastornos de la conducta y las familias carecen de recursos para costear terapias privadas, miles de menores en Chile siguen atrapados en una fila virtual esperando un turno para sanar, en una carrera contrarreloj donde el tiempo, literalmente, cuesta vidas. Mientras, la respuesta del Estado pareciera continuar atrapada en fórmulas rígidas del pasado.