Chile se ha convertido en un referente internacional por el crecimiento de la generación solar y eólica. Sin embargo, el avance de las energías renovables todavía no se refleja plenamente en las cuentas que pagan mensualmente millones de hogares.
En entrevista con Contingencia Chile, Javier Piedra, ingeniero civil mecánico, docente de la Universidad de Concepción y director de la Fundación Energía para Todos, explicó las causas del elevado precio de la electricidad, detalló cómo se estructura la tarifa y planteó que el Estado debe impulsar una renegociación de los antiguos contratos eléctricos.
Según el especialista, el problema central se encuentra en los contratos de generación adjudicados hace más de una década, varios de los cuales todavía están indexados al dólar y a combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas.
¿La electricidad residencial en Chile es cara en comparación con otros países?
Chile tiene una de las tarifas eléctricas residenciales más caras de Latinoamérica. Al considerar el valor final que pagan las familias, incluido el IVA, se ubica entre los países con mayores precios de Sudamérica.
Esto resulta especialmente contradictorio porque Chile es presentado como un referente mundial en transición energética. Tenemos un fuerte crecimiento de la generación renovable, pero esos menores costos todavía no llegan completamente a los hogares.
Chile es referente mundial en energías renovables, pero esa transición todavía no llega al bolsillo de las familias.
¿Qué estamos pagando exactamente cuando cancelamos la cuenta de la luz?
La cuenta tiene tres grandes componentes: generación, transmisión y distribución.
La generación representa entre el 70% y el 75% del total. Es el valor de la energía que se produce y que se encuentra determinado principalmente por contratos eléctricos de largo plazo.
La transmisión corresponde al traslado de esa electricidad mediante las líneas de alta tensión, mientras que la distribución permite llevarla desde las redes hasta cada vivienda. Este último componente representa aproximadamente un 20% de la cuenta.
En conjunto, transmisión y distribución concentran entre el 25% y el 30% de la tarifa y son actividades fuertemente reguladas. El principal peso sobre el precio está en la generación.
Entonces, ¿las generadoras son las principales responsables de las alzas?
Cuando aumenta el precio de la energía, hay que mirar principalmente los contratos con las empresas generadoras. Cuando se corta el suministro o existen problemas en las redes domiciliarias, la responsabilidad corresponde a la distribuidora.
La distribuidora es la cara visible porque envía la cuenta y atiende directamente a los clientes, pero gran parte del dinero que recauda corresponde al pago de la energía contratada con las generadoras.
Entre el 70% y el 75% de la cuenta de la luz corresponde a la generación, donde los contratos antiguos siguen empujando los precios al alza.
¿Cómo funcionan estos contratos eléctricos?
El Estado realiza licitaciones para garantizar el suministro eléctrico durante periodos que pueden extenderse entre 15 y 20 años. Las empresas generadoras presentan sus ofertas y los contratos son posteriormente suscritos con las distribuidoras.
El problema es que numerosos contratos adjudicados entre 2006 y 2014 fueron establecidos bajo condiciones completamente diferentes a las actuales. Son acuerdos más caros y varios quedaron indexados al dólar y a los precios internacionales del carbón, el petróleo o el gas.
Eso significa que, si aumenta el precio de alguno de esos combustibles o sube el dólar, también puede incrementarse el costo del contrato, aunque la energía que actualmente está ingresando al sistema provenga crecientemente de fuentes renovables.
¿Por qué la expansión de las energías renovables no ha permitido bajar las cuentas?
Desde 2015 comenzaron a adjudicarse contratos considerablemente más baratos, vinculados principalmente con energías renovables. El cambio en las bases de las licitaciones permitió la entrada de más empresas, aumentó la competencia y redujo los precios ofertados.
Sin embargo, esos nuevos contratos todavía representan una proporción minoritaria del volumen total, cercana al 30%. Los acuerdos antiguos continúan predominando y elevan el precio promedio que finalmente pagan los clientes regulados.
Aquí existe una diferencia entre la energía que físicamente se está generando y el precio contractual que se cobra. Podemos estar recibiendo más electricidad solar o eólica, pero continuar pagando tarifas determinadas por contratos vinculados a combustibles fósiles.
Seguimos pagando contratos indexados al carbón, al petróleo y al gas, aunque una parte creciente de la electricidad proviene de fuentes renovables.
¿El congelamiento tarifario y la deuda con las generadoras explican las cuentas elevadas?
Influyen, pero no constituyen la causa principal. El congelamiento aplicado desde 2019 evitó que las variaciones se trasladaran inmediatamente a las familias, pero acumuló una deuda de aproximadamente US$6.000 millones con las generadoras.
La normalización tarifaria incorporó un cargo adicional para pagar esa deuda. Sin embargo, el grueso de la cuenta continúa estando en el precio base de la generación y en las condiciones de los contratos antiguos.
La discusión pública se ha concentrado en el cargo adicional y en errores de cálculo detectados durante el proceso, pero el problema estructural es mucho más profundo. Incluso corrigiendo esos errores, los contratos más caros seguirán vigentes.
¿Las grandes empresas pagan menos por la electricidad que las familias?
En Chile existen clientes regulados y clientes libres. Los regulados son principalmente los hogares y pequeños comercios, mientras que los libres corresponden a grandes supermercados, industrias y compañías mineras que pueden negociar directamente con las generadoras.
Al revisar el indicador de Precio Medio de Mercado elaborado por la Comisión Nacional de Energía, durante el periodo analizado los clientes libres pagaron entre un 23% y un 40% menos por la energía que los clientes regulados.
La minería chilena, incluido Codelco, renegoció sus contratos eléctricos para acceder a precios más competitivos y avanzar hacia un suministro renovable. La ciudadanía, considerada en su conjunto, tiene un enorme poder de consumo, pero no cuenta con la misma capacidad de negociación.
¿Es posible renegociar los contratos de los clientes regulados?
Sí. Renegociar contratos es algo habitual en el mercado eléctrico. Las tecnologías cambian, aparecen nuevas alternativas de generación y las condiciones económicas pueden ser completamente diferentes a las existentes cuando se firmaron los acuerdos.
Las propias empresas generadoras reconocen la renegociación como una herramienta para conservar clientes. La minería chilena ya lo hizo y también existen experiencias internacionales en países como Colombia y Francia.
No se trata de desconocer los contratos ni de imponer unilateralmente una rebaja. Se trata de convocar a las partes y buscar condiciones nuevas que permitan distribuir de mejor manera los beneficios de la transición energética.
¿Quién debería liderar esa negociación?
—El Estado, mediante el Gobierno y el Ministerio de Energía, debe representar a los clientes regulados. La autoridad debería convocar a las generadoras y distribuidoras, revisar las condiciones de los acuerdos más antiguos y buscar una fórmula que permita reducir su impacto sobre las cuentas.
El Estado organizó las licitaciones y construyó el sistema mediante el cual las familias quedaron obligadas a pagar esos contratos. Por lo tanto, también debe asumir un papel activo cuando esas condiciones se transforman en una carga para la ciudadanía.
¿Qué podrían recibir las empresas a cambio de reducir los precios?
Una negociación no puede consistir solamente en pedirles a las empresas que renuncien a sus ingresos. La industria también enfrenta dificultades relacionadas con la transmisión, el vertimiento de energía renovable, el almacenamiento y la necesidad de invertir en baterías.
El Estado puede ofrecer políticas públicas, mejores condiciones de inversión, mayor certeza regulatoria u otros incentivos a cambio de que las empresas flexibilicen los contratos antiguos y entreguen mejores precios a los clientes regulados.
Renegociar no significa expropiar ni perjudicar a la industria: significa construir un acuerdo en que todos ganen y que permita bajar las cuentas de la luz.
¿Esta medida permitiría una rebaja inmediata?
Dependerá de la voluntad de las empresas y de la capacidad del Gobierno para alcanzar un acuerdo. Lo primero es convocar a las partes, transparentar las condiciones y comenzar una negociación.
Incluso si las conversaciones no prosperan, la ciudadanía debe saber que la autoridad intentó modificar contratos que fueron establecidos bajo una realidad energética completamente distinta.
Si no se renegocian, los hogares tendrán que esperar el vencimiento de los acuerdos más caros. Algunos permanecerán vigentes hasta comienzos de la próxima década y el último de ellos terminaría alrededor de 2033.
Para Javier Piedra, la discusión sobre las cuentas de la luz debe ir más allá de las devoluciones puntuales o los errores de cálculo. El desafío de fondo es conseguir que los beneficios de las energías renovables lleguen efectivamente a las familias.
“Una transición energética justa no consiste solamente en cambiar la forma de generar electricidad. También debe traducirse en mejores precios y una mejor calidad de vida para las personas”, concluyó.
