Por Equipo de Análisis de Contingencia Chile
Basado en la investigación de Andrés Cárdenas Guzmán para El Mostrador
Según la investigación de El Mostrador, un preinforme de la Contraloría generó alarma nacional al malinterpretarse como tráfico de personas lo que, en realidad, sería un grave desorden administrativo. El preinforme, que inicialmente causó pánico por la supuesta desaparición de más de 200 menores, no mencionaba «trata» ni «tráfico«, pero sí dejaba en evidencia fallas del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), la PDI y la Subsecretaría de la Niñez.
Fiscalización fallida y menores encontrados
La crisis comenzaría a tomar un vuelco cuando se constató que gran parte de los menores no ubicados inicialmente en domicilios —debido a mudanzas o direcciones desactualizadas— sí estaban escolarizados y bajo control médico, aclara la investigación. El reporte de Contraloría se basó en una muestra limitada, mientras que las autoridades (principalmente Municipios y PDI), al cruzar datos de salud y educación, confirmaron que los niños vivían con sus familias, desestimando la hipótesis de explotación criminal, según el citado medio.
Reacción del Gobierno
Frente al impacto público provocado por las cifras —especialmente la estadística de 486 niños ingresados bajo la tutela de solo 12 adultos—, el Ejecutivo convocó a una reunión interinstitucional de emergencia en el Palacio de La Moneda. En dicha instancia, liderada por la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, se reconoció que las bases de datos gubernamentales no estaban cruzadas y que el Estado carecía de información unificada al momento de estallar el conflicto.
La narrativa de una red de explotación infantil se desmoronó rápidamente cuando una fuerza de tarea liderada por Municipios y la PDI comenzó a cruzar los registros escolares y de salud (Cesfam) en lugar de limitarse a visitas domiciliarias diurnas. Al comprobarse que los niños estaban escolarizados y viviendo con tutores legítimos, las autoridades se vieron forzadas a cambiar drásticamente su discurso.
Es así que el Ministro de Defensa, Fernando Barros salió públicamente a descartar las hipótesis más graves en declaraciones a Radio Universo, afirmando de forma tajante: “No hay ningún antecedente serio que indique que estamos frente a un tema de tráfico de niños, de prostitución infantil, de órganos […] Todo indica que se trata de un terrible desorden, de una muy mala política”.
Mientras que la Ministra Wulf intentó mitigar el impacto político solicitando no adelantarse con acusaciones y señalando que «no es el momento de las recriminaciones políticas«, una postura que llama la atención, considerando que la actual administración había centrado parte de su agenda en criticar la gestión migratoria previa.
