Por Equipo de Análisis de Contingencia Chile
El hermetismo que rodeaba el flujo de menores de edad desde el Caribe hacia Santiago comenzó a desmoronarse por la obstinación de un trabajador de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). Durante una década, este operario presenció desde la losa del Aeropuerto Arturo Merino Benítez un patrón que se repetía en turnos de madrugada: adultos portando papeles notariales precarios y fotos corcheteadas retiraban a grupos de niños con los que no tenían filiación alguna. Tras golpear puertas en vano, el empleado encontró respaldo en el entonces diputado Rubén Oyarzo.
De acuerdo con una investigación publicada en The Clinic, la sospecha compartida llevó al parlamentario a realizar una inspección presencial en el terminal aéreo en octubre de 2025. Esa noche desembarcó el vuelo chárter WAL-801 de la firma Caribbean Sun. Al interrogar a los pasajeros, Oyarzo constató que personas que se identificaban simplemente como «amigos» se hacían cargo de los menores de edad utilizando documentación llena de inconsistencias.
Bitácora de un vuelo bajo sospecha
El caso del WAL-801 encendió las alarmas. Según los registros internos de Oyarzo, el avión original debió transportar a más de un centenar de niños, pero tras un misterioso desvío e inmovilización de 12 horas en Lima, la aeronave fue cambiada y aterrizó en Santiago con solo la mitad de los menores previstos. Además, el itinerario fue borrado deliberadamente de los monitores de información pública del aeropuerto. Estos antecedentes fueron entregados formalmente a la Contralora General, Dorothy Pérez, y hoy nutren una causa penal liderada por la Fiscalía Centro Norte.
Radiografía del descontrol migratorio
La denuncia gatilló una fiscalización exhaustiva de la Contraloría General de la República. El preinforme de la entidad —difundido por The Clinic— expone deficiencias críticas y estructurales en los mecanismos de reunificación familiar que involucran al Servicio Nacional de Migraciones, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Subsecretaría de la Niñez. Los hallazgos principales revelan una especie de «validación ciega» donde Migraciones en Chile aprobó solicitudes de ingreso aceptando declaraciones juradas sin verificar si las direcciones de destino existían o si los tutores tenían antecedentes penales.
Informes de inteligencia de la PDI identificaron un grupo de 12 personas que viajaban constantemente al extranjero para ingresar niños al territorio nacional. Uno de estos individuos logró entrar al país con 34 menores bajo su supuesta tutela.
Lo alarmante: Destino desconocido
La arista más compleja del informe de Contraloría se evidenció cuando equipos de inspectores acudieron de forma presencial a las direcciones registradas por los patrocinantes. En decenas de casos, los menores de edad no se encontraban en los inmuebles declarados. Algunos permanecían con extraños que no figuraban en las carpetas legales y, en una cantidad considerable de inspecciones, las autoridades constataron que no hay registro alguno que permita ubicar a los menores.
Para ilustrar la antigüedad de este problema, el reportaje cita listas de pasajeros de años anteriores. Por ejemplo, en un vuelo chárter de la empresa Aeroregional del 30 de mayo de 2023, arribaron 38 menores de edad, de los cuales 16 cruzaron la frontera completamente solos, sin la tutela de su padre ni de su madre.
Acciones desde La Moneda: Una Fuerza de Tarea.
La Moneda se convirtió en el epicentro de una inédita cita de seguridad institucional provocada por las revelaciones sobre el presunto tráfico de menores de edad de origen haitiano en el país. El mandatario, José Antonio Kast, encabezó el encuentro que convocó a todos los Poderes del Estado.
Al término del encuentro, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, comunicó el establecimiento inmediato de una fuerza de tarea gubernamental que tendrá la misión de centralizar y agilizar los flujos de datos que poseen los distintos ministerios.
Plazo definitivo de la Contraloría y vía legislativa
En paralelo, el subcontralor general Víctor Hugo Merino —quien acudió en reemplazo de la contralora Dorothy Pérez— puso sobre la mesa el calendario de cierre para las fiscalizaciones de la entidad. El reporte definitivo sobre los flujos migratorios de los menores se publicará la semana próxima.
Por último, el Congreso también anunció medidas. La timonel de la Cámara Alta, Paulina Núñez, adelantó que fusionarán diversas mociones para consolidar una única ley integral que dote al Estado de herramientas eficaces ante esta emergencia, asegurando de antemano el patrocinio inmediato del Poder Ejecutivo.
