El recorte presupuestario aplicado por el Ministerio de Hacienda al Ministerio de Desarrollo Social y Familia abrió un nuevo flanco de preocupación en el sistema de protección de la infancia. De acuerdo con los antecedentes conocidos, el ajuste total alcanza los $32.721 millones, afectando a distintos organismos dependientes de la cartera. Sin embargo, el mayor monto recortado se concentra en el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Mejor Niñez, con una rebaja de $12.748 millones, equivalente a casi el 39% del total del ajuste ministerial.
La cifra instala un duro contrapunto político y social: el organismo que recibe el mayor recorte es precisamente el encargado de atender a niños, niñas y adolescentes gravemente vulnerados en sus derechos, en medio de una crisis que ha sido advertida por instituciones especializadas. La Defensoría de la Niñez alertó en su Diagnóstico 2026 que existen más de 41 mil niños, niñas y adolescentes en lista de espera para programas de protección especializada, además de un aumento de casos críticos vinculados a violencia y salud mental.
Desde el Gobierno, la explicación apunta a un ajuste por eficiencia y no a una eliminación de prestaciones. En entrevista, el subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez, sostuvo que el recorte en Mejor Niñez se relaciona específicamente con los diagnósticos clínicos especializados, argumentando que se trata de prestaciones con menor ejecución efectiva y que, en algunos casos, no serían utilizadas por los tribunales o se duplicarían con otros informes ya existentes. Según la autoridad, la ejecución de ese programa habría llegado en los últimos años a niveles cercanos al 62% o 63%, por debajo del presupuesto originalmente asignado.
No obstante, la controversia se produce en un contexto especialmente sensible. La propia Defensoría de la Niñez ha advertido que no se pueden dar señales de regresividad en derechos en un momento en que el sistema de protección especializada mantiene altos niveles de espera y una demanda crítica. A ello se suma que UNICEF ha insistido en la necesidad de fortalecer la oferta especializada, especialmente para evitar que niños, niñas y adolescentes ingresen al sistema residencial y para asegurar intervenciones efectivas con sus familias.
El Ejecutivo ha defendido que no se tocarán beneficios ni beneficiarios, y que las modificaciones buscan ajustar el gasto a la demanda real. Sin embargo, el dato central mantiene abierta la polémica: Mejor Niñez es el organismo con el recorte más alto dentro del Ministerio de Desarrollo Social, pese a que cumple una función crítica en la protección de la infancia vulnerada.
La discusión, por tanto, no solo apunta al monto del ajuste, sino al mensaje político que entrega la decisión presupuestaria. Mientras el Gobierno habla de eficiencia fiscal, las instituciones especializadas advierten que la niñez enfrenta una crisis profunda que requiere más capacidad estatal, mayor oportunidad en la atención y fortalecimiento de los programas de protección.
