En lo que representa la reestructuración más profunda al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) desde su fundación, el Gobierno concretó el ingreso a la Cámara de Diputados de una reforma integral a la Ley 20.405. La iniciativa, respaldada con la firma del Presidente José Antonio Kast, busca despojar al organismo de su capacidad querellante en causas judiciales y reducir su estructura directiva, reabriendo una intensa controversia política sobre el alcance de las garantías fundamentales en el país.
El eje central del proyecto radica en suprimir de forma tajante la facultad del INDH para deducir querellas criminales en tribunales. Defendiendo la postura del Ejecutivo, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, argumentó que la meta es retrotraer a la institución a un marco estrictamente asesor. «Hoy la Constitución Política le reserva al Ministerio Público el ejercicio de las acciones penales y, por lo tanto, no tiene sentido que el Instituto Nacional de Derechos Humanos también tenga esa facultad«, aseveró la autoridad, precisando que el organismo solo mantendrá la tramitación de recursos de protección y amparo, además de los procesos penales iniciados previamente.
La tijera presupuestaria y administrativa también impactará al gobierno corporativo. La reforma fija una drástica reducción del Consejo Directivo, recortando sus integrantes de 11 a 5 miembros —designados entre el Senado, la Cámara de Diputados y decanos de Derecho—, al tiempo que remueve de la administración interna a los consejeros mediante la creación de un director ejecutivo contratado por concurso público.
El proyecto propone una disminución del 50% de la dotación de trabajadores en las oficinas regionales del INDH en un plazo de un año y medio. También estima una disminución del 70% de los abogados de la Unidad de Protección a consecuencia de los cambios en las atribuciones que tendría el organismo. La maniobra proyecta un fuerte recorte fiscal que alcanzará un ahorro de hasta $3.721 millones anuales una vez implementada en su totalidad.
NO ES MODERNIZACIÓN, ES DESMANTELAMIENTO
La diputada y exdirectora del INDH, Lorena Fríes, advirtió que la reforma “es la más regresiva en materia de derechos humanos desde el retorno a la democracia. Reduce su capacidad de acción judicial, debilita su autonomía y elimina su presencia nacional», advirtiendo que el proyecto del Ejecutivo «no es una modernización: es desmantelamiento”.
Mientras que para el actual Director del organismo, Yerko Ljubetic -en declaraciones recogidas por Radio Portales– «el proyecto daña gravemente a la democracia en Chile«, señalando que «probablemente es la iniciativa más regresiva desde el término de la dictadura«.
Para el Director Ejecutivo de Amnistía Internacional en Chile, Rodrigo Bustos, «El Gobierno da una nueva muestra de su pulsión autoritaria buscando debilitar la institución estatal autónoma que tiene un mandato de promoción y protección de los derechos humanos.«
KAISER: «CIÉRRENLO»
Mientras el exdiputado y excandidato presidencial, Johannes Kaiser (PNL), reaccionó a la noticia en su red social de X con la frase «Ciérrenlo«.
