Por 128 votos a favor y 11 en contra, la Sala de la Cámara de Diputados respaldó el informe de la comisión mixta que consolida una drástica reforma a la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería. El proyecto -que ahora requiere la ratificación del Senado para ser despachado a ley-, le otorga un inédito marco de atribuciones al Estado para acelerar las expulsiones administrativas y el rastreo de extranjeros en situación irregular.
El punto de mayor tensión legislativa se resolvió al fijar un piso mínimo de cinco años de prohibición de reingreso al país para quienes sean objeto de una expulsión administrativa. No obstante, en aquellos casos donde la medida sea decretada por el subsecretario del Interior debido a razones de seguridad interior, exterior u orden público, el veto de retorno podrá extenderse hasta los diez años. A ello se suma la facultad del Servicio Nacional de Migraciones para exigir datos de domicilio y contacto a cualquier persona o entidad —pública o privada—, exceptuando recintos de salud, educativos y a menores de edad.
Entre las normas más severas incorporadas por la Comisión Mixta, se autoriza a la Policía de Investigaciones (PDI) a solicitar a un Juez de Garantía la entrada y registro a domicilios particulares con el fin de aprehender a extranjeros con decreto de expulsión vigente.
Adicionalmente, el texto agiliza la expulsión inmediata para aquellos migrantes irregulares que se encuentren formalizados, acusados o requeridos por simples delitos.
Pese a que sectores de oposición y parlamentarios críticos reprocharon que la Comisión Mixta sobrepasó su mandato original al modificar facultades policiales y procesales, la amplia mayoría de la Cámara respaldó el endurecimiento de las medidas frente a la crisis migratoria.
