Una encendida polémica en torno al rol del Estado y los límites del desarrollo económico en la protección de la naturaleza se desató tras las primeras definiciones públicas de Tomás Saratscheff, director nacional del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegida (SBAP).
En entrevista con El Mercurio, la autoridad abordó los desafíos de la implementación del nuevo organismo —destinado a asumir la gestión de parques nacionales y reservas antes administrados por la CONAF—, sosteniendo una postura de apertura hacia el sector privado que generó inmediata controversia.
“La conservación que no genera empleo, no es sostenible. Y para ello, hay que tener reglas claras”, aseveró Saratscheff, subrayando la necesidad de impulsar concesiones turísticas y certezas jurídicas para atraer inversión privada a las áreas protegidas.
Apuesta por las Concesiones y el Mercado
El titular del SBAP enfatizó que el organismo busca incentivar la colaboración público-privada, asegurando que existen «algunos paños fiscales con atributos (…) para ser áreas protegidas» donde la inversión de particulares resulta clave para resguardar el patrimonio natural.
Según la autoridad, la sostenibilidad de las áreas de conservación depende de su capacidad para integrarse a las dinámicas económicas locales, generando puestos de trabajo e ingresos a través del turismo y la infraestructura concesionada.
Abogado ambientalista señala: “La Naturaleza No Tiene que Ganarse el Derecho a Existir”
Las declaraciones del jefe del SBAP provocaron una inmediata y categórica reacción de expertos en derecho ambiental. A través de una columna de opinión publicada en El Mostrador, el abogado experto en litigios ambientales Gabriel Muñoz cuestionó severamente la visión del director nacional, calificándola como un condicionamiento desde la institución llamada a liderar la protección de los ecosistemas.
“La naturaleza no tiene que ganarse el derecho a existir. El Estado sí tiene que cumplir su deber de protegerla”, retrucó el abogado Gabriel Muñoz.
Para el jurista, la premisa de Saratscheff invierte el mandato legal de la Ley 21.600 —creadora del SBAP—, la cual prioriza los principios de prevención, precaución y no regresión en la tutela de la biodiversidad.
Para Muñoz, «la pregunta seria es qué inversiones resultan compatibles con los ecosistemas, quién recibe sus beneficios y quién soporta sus impactos. No basta anunciar puestos de trabajo: también hay que responder por el territorio que quedará cuando termine la actividad que los creó.»
El jurista llamó -en la misma columna- a que el director del SBAP rectifique su afirmación, «pues contradice el principio y fundamento del servicio que dirige. Promover empleos compatibles con la conservación es valioso. Condicionar la conservación a esos empleos es una señal equivocada desde la institución llamada a resguardarla.«
