El proyecto que posterga un año la Ley de Datos (21.719) responde a que la propia Agencia fiscalizadora aún no está instalada. Para Kenneth Daniels, CEO de Widefense, ese mismo desfase entre intención y capacidad es lo que hoy enfrentan las empresas frente al cumplimiento.
El Gobierno ingresó al Senado, el 1 de septiembre, un proyecto que busca postergar de diciembre de 2026 a diciembre de 2027 la entrada en vigencia de la Ley de Protección de Datos Personales (21.719), porque la Agencia fiscalizadora aún no está instalada. La iniciativa sigue en las comisiones de Constitución y Hacienda del Senado, sin votación. Para Kenneth Daniels, CEO de Widefense, ese año adicional solo sirve si las empresas lo usan para construir capacidad real de cumplimiento, no para relajar la exigencia.
Mientras el proyecto avanza en el Congreso, muchas empresas asumen que el tema puede esperar. Daniels advierte que ese es justamente el error: «Nadie discute si hay que cumplir. Se discute qué significa estar listo, y ahí es donde las empresas se están quedando solas», señala.
El diagnóstico de Daniels, basado en su trabajo con clientes de distintos rubros, es que todos coinciden en la necesidad de cumplir, pero cada uno interpreta el estándar de forma distinta. «Para una empresa grande esto es una capa más sobre un sistema ya complejo; para una pequeña, es un esfuerzo desproporcionado frente a su capacidad real. Mientras esa brecha de interpretación no se cierre, da lo mismo si el plazo es de seis meses o de un año: la conversación se repite», señala.
Según Daniels, el año extra no resuelve nada por sí solo si no viene acompañado de un ejercicio concreto de revisión interna. «Postergar el plazo no permite validar si la ley es aplicable en la práctica, ni muestra qué tan compleja es de implementar para una empresa real. Para que la prórroga aporte, debe venir con un ejercicio serio de escuchar a las organizaciones: qué les cuesta y dónde la norma no calza con su realidad operacional», plantea.
Su llamado es a que las empresas usen este año con la misma exigencia que hoy se le pide al Estado. «Es interesante que la razón de fondo para postergar sea que la institucionalidad no estaba lista: no es un reproche, es un espejo. Las empresas deberían usar este año con la misma exigencia que hoy se le pide a la nueva Agencia: no solo ganar tiempo, sino ganar capacidad», señala.
«Si el tiempo extra se usa para relajar la presión y no para ajustar lo que hoy no funciona, la oportunidad se pierde», concluye.
