Un alarmante diagnóstico sobre la penetración del crimen organizado en las residencias de protección de niños, niñas y adolescentes entregó este viernes la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf. En conversación con EmolTV, la autoridad reveló que actualmente existen 20 recintos identificados en los cuales se han detectado redes de captación de menores de edad para el comercio sexual.
La alerta se da en el marco de un marcado incremento en este tipo de delitos. De acuerdo con las cifras dadas a conocer por el propio ministerio, los procedimientos asociados a la explotación sexual de menores pasaron de 253 en el año 2022 a 478 durante el año 2025.
«Esta es una realidad muy cruda. Son abusadores sexuales que les dan a las niñas —y digo niñas, adolescentes, porque son la mayoría de los casos— dinero, droga, les pueden dar ropa, algo que ellas aprecien, a cambio del abuso sexual y esto, en muchos casos, está vinculado a mafias, a crimen organizado», expuso la secretaria de Estado.
La titular de la cartera precisó que el problema afecta tanto a dependencias administradas directamente por el Estado como a aquellas a cargo de organismos colaboradores. «Actualmente hemos visto 20 residencias que se encuentran en esta lamentable y dolorosa situación», enfatizó Wulf, agregando que en la totalidad de dichos recintos ya existen «planes de intervención» activos y vigentes.
Redes de inteligencia y querellas en curso
Para frenar el avance de las organizaciones criminales en el sistema de protección, la autoridad explicó que existe un trabajo conjunto con el Ministerio Público y Carabineros. Según detalló, el traspaso de información interna desde los propios centros de acogida ha sido clave para avanzar en la persecución penal.
«Hay denuncias que se presentan. De hecho, hay varios casos en los cuales se han tomado detenidos a personas gracias a la información que han entregado desde la residencia», sostuvo la ministra.
En esa misma línea, el Ejecutivo comenzó a desplegar una estrategia territorial en las regiones con mayor prevalencia de estos delitos. La iniciativa contempla una mesa interinstitucional articulada junto al Ministerio de Salud, el Ministerio Público, las policías y los municipios locales para crear un sistema de alertas oportunas y seguimiento de casos.
Urgencia legislativa
Junto con el despliegue operativo, María Jesús Wulf recalcó la importancia del proyecto de ley ingresado recientemente por el Gobierno al Congreso Nacional. La propuesta busca dotar de atribuciones legales excepcionales, temporales y fiscalizadas a los directores de las residencias para reaccionar con rapidez ante amenazas graves.
«Esperamos que pueda tramitarse con velocidad para poder ayudar a quienes hoy están trabajando por la protección de la infancia», concluyó la secretaria de Estado.
