Esta mañana, el diputado Jaime Araya presentó ante el Ministerio de Justicia una solicitud de invalidación administrativa de los decretos de rebaja de condenas suscritos por el ministro Fernando Rabat y otras autoridades de la cartera. La presentación busca que se revise la legalidad de estos actos y se dejen sin efecto, especialmente en casos que involucran a condenados por graves delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes y delitos vinculados al crimen organizado.
“Vengo a entregar al ministro de Justicia una solicitud de invalidación administrativa de los decretos que él ha firmado. Estos son actos propios de la Administración y la Ley de Procedimientos Administrativos establece que cualquier autoridad, dentro del plazo de dos años, puede dejar sin efecto los actos administrativos respectivos”, señaló el parlamentario.
Araya explicó que la presentación se sustenta en el mecanismo contemplado en el artículo 53 de la Ley 19.880, que permite a la Administración invalidar actos contrarios a derecho, previo cumplimiento de los requisitos legales correspondientes. En ese sentido, insistió en que el ministro dispone de una herramienta jurídica para revisar sus propias decisiones, sin necesidad de esperar la tramitación de una nueva ley.
“El ministro tiene la facultad y nosotros venimos a pedirle que la ejerza por una razón muy sencilla: aquí el foco fundamental tiene que estar puesto en los niños y niñas que han sido víctimas de estos violadores, de abusadores sexuales que hoy día son un peligro. Yo quiero poner el punto: los informes técnicos no son opiniones, dicen que estas personas tienen una altísima probabilidad de reincidir en delitos de la misma especie. Ojalá el Presidente de la República convoque una comisión especial de coordinación para identificar, ubicar a estas personas y, si el ministro da el paso de revocar, ponerlos nuevamente detrás de las rejas”, planteó.
En esa línea, Araya emplazó directamente al presidente José Antonio Kast a asumir las consecuencias de las decisiones adoptadas por su administración y a priorizar la protección de las víctimas por sobre las controversias políticas.
“Yo en esto le hago un llamado particularmente al Presidente de la República, que se ponga en el lugar de las víctimas. Él es padre, él tiene hijos, que se ponga en el lugar de esos padres cuyos hijos fueron víctimas de violadores. Yo espero que el foco central no esté puesto tanto en el conflicto político, sino en cómo hoy día se protege a las víctimas”, expresó.
LA PUERTA ESTÁ ABIERTA FRENTE A UNA ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL
Finalmente, Araya abordó la posibilidad de impulsar una acusación constitucional contra el ministro Fernando Rabat, precisando que se trata de una evaluación personal. “A título estrictamente personal, yo creo que aquí se configuran los elementos para una acusación constitucional”, concluyó.
