Una nueva investigación de Interferencia reveló que el Ministerio de Justicia, encabezado por Fernando Rabat, otorgó rebajas de condena a tres ciudadanos venezolanos sentenciados por delitos cometidos en La Serena, quienes intimidaban a mujeres migrantes y se presentaban como integrantes del Tren de Aragua.
Los antecedentes indican que los sujetos exigían pagos semanales a trabajadoras sexuales bajo amenazas con armas de fuego. Aunque su pertenencia a la organización criminal no fue acreditada judicialmente, fueron condenados por robo con intimidación y delitos relacionados con armas.
Dos de los beneficiados recuperaron su libertad en septiembre, luego de que decretos firmados por Rabat y el subsecretario Luis Silva redujeran sus condenas. Según la investigación, tampoco fueron expulsados del país.
El nuevo antecedente se suma a la controversia por los 56 decretos que rebajaron condenas a personas sentenciadas por abuso sexual y violación de niños, niñas y adolescentes durante la actual administración.
El ministro Rabat ha defendido estas decisiones argumentando que responden a criterios legales y jurisprudenciales de los tribunales.
La revelación vuelve a instalar cuestionamientos sobre las decisiones del Ministerio de Justicia y la política de seguridad del Gobierno, especialmente frente a su compromiso de combatir el crimen organizado y expulsar a delincuentes extranjeros.
