El reciente estudio «Claves Ipsos N°51«, desarrollado junto a la Fundación Iguales, revela una preocupante realidad: el 31% de las personas en Chile considera que los discursos de odio hacia la comunidad LGBTIQ+ aumentaron en las redes sociales. Este indicador representa un salto de 9 puntos porcentuales en comparación con el 22% registrado en mayo de 2025, encendiendo las alarmas sobre los niveles de hostilidad digital.
El análisis del reportaje advierte que el impacto de estas agresiones no es aislado. El 63% de los encuestados enfatiza que las declaraciones públicas de autoridades y líderes de opinión influyen en promover o detener la violencia discriminatoria hacia esta población.
Alejandra Ojeda, Directora de Estudios Públicos de IPSOS Chile señala que “La ciudadanía prende una alerta al reconocer que las palabras de las autoridades no son neutras, sino que impulsan actitudes a favor o en contra de la comunidad LGBTIQ+. Este resultado es un llamado a la responsabilidad para la clase política y para los líderes de opinión en la construcción de un clima social de respeto y de diálogo en materia de derechos”.
Organizaciones de derechos humanos locales confirman que este aumento de hostilidad digital coincide con un incremento en las denuncias por agresiones callejeras y discriminación laboral.
La hostilidad virtual coincide con una desaceleración en la percepción de avance de los derechos humanos en el país. Aunque el 50% de los encuestados cree que los derechos de la comunidad han mejorado en los últimos cinco años, el optimismo cayó respecto al año pasado, cuando un 57% compartía esa misma postura.
Para las víctimas, el entorno digital se ha vuelto un espacio hostil que afecta gravemente su salud mental. El miedo a la exposición de datos personales (conocido como doxing) ha obligado a decenas de activistas a cerrar sus canales de comunicación, silenciando voces clave en el mes donde la visibilidad es más importante que nunca.
Frente a este escenario adverso, la sociedad muestra una postura clara hacia la regulación. El 58% respalda la creación de una ley que sancione penalmente los discursos de odio basados en la orientación sexual o la identidad de género. “Los datos muestran a una ciudadanía que mayoritariamente apoya sancionar los discursos de odio» afirma María José Cumplido, directora de Fundación Iguales, quien sostiene que «el Congreso y el Ejecutivo no tienen respuestas frente a estos temas y esperamos que estos datos sirvan para enfocar el debate político y avanzar en lo necesario«.
