La Cancillería de Chile informó oficialmente que las autoridades judiciales de Países Bajos pusieron a disposición a la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Paulina Rojo Venegas, para concretar su extradición al país. Este avance, comunicado mediante oficio reservado a la Corte de Apelaciones de Antofagasta en julio de 2026, representa el paso final en un proceso que se extendió por casi cuatro años. Las gestiones ya incluyen la notificación a Interpol y la preparación de una comisión policial chilena para el traslado.
Rojo fue condenada en enero de 2021 a 5 años y un día de presidio efectivo, multa e inhabilitación perpetua para cargos públicos por fraude al Fisco. El delito ocurrió entre 2015 y 2016, cuando, como alcaldesa, contrató una agencia de comunicaciones por alrededor de $24 millones con fondos municipales destinados a subvenciones escolares y salud, para beneficiar su campaña de reelección. La Corte Suprema ratificó la sentencia el 23 de marzo de 2022, y horas después la exautoridad huyó a Países Bajos.
Fue detenida el 13 de julio de 2022 en territorio neerlandés. En marzo de 2023, el Tribunal de Rotterdam declaró admisible la solicitud de extradición presentada por Chile, aunque el proceso se prolongó por recursos de apelación y una solicitud de protección internacional que interpuso Rojo. Durante su detención en la cárcel de mujeres de Nieuwersluis (Utrecht), ha cumplido labores de aseo y participado en capacitaciones, según reportes judiciales y periodísticos.
Una vez en Chile, se espera que Karen Rojo ingrese directamente a un centro penitenciario femenino (como el de San Joaquín) para cumplir la pena pendiente. El Estado chileno ha comprometido que el tiempo privado de libertad en Países Bajos se abonará a su condena. La Fiscalía y Cancillería coordinan los últimos trámites operativos para el traslado, que podría concretarse en las próximas semanas.
Este caso destaca los desafíos de la cooperación internacional en extradiciones sin tratado bilateral directo, pero resalta el éxito de la diplomacia y la justicia chilena en perseguir a condenados prófugos. La resolución neerlandesa cierra un largo capítulo judicial iniciado en el denominado Caso Main y refuerza la accountability para exautoridades públicas.
