En un hecho que tensiona las políticas de protección a la niñez del Gobierno, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos emitió 56 decretos exentos que benefician con rebajas de condena a personas declaradas culpables por delitos sexuales contra menores entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026. De la totalidad de los beneficios otorgados, 27 corresponden a condenados por abuso sexual y 29 por violación de menores, registrando un promedio de una concesión cada tres días en dicho periodo.
La información, obtenida mediante una solicitud de acceso a la información formulada por el medio Interferencia, revela que la autoridad rechazó una solicitud durante el lapso consultado, correspondiente a un caso de abuso sexual infantil.
Fuentes consultadas por el medio confirmaron que ninguno de los 56 decretos fue resultado de recursos de amparo u otras vías judiciales, sino que respondieron a solicitudes ingresadas directamente al ministerio y acogidas por la repartición.
Las resoluciones son firmadas «por orden del Presidente de la República» tras la calificación de conducta realizada por la Comisión de Reducción de Condenas, la verificación de requisitos de la Seremi correspondiente y la revisión de antecedentes de la División de Reinserción Social.
Si bien la Ley N° 19.856 regula estos beneficios sobre listados anuales remitidos por Gendarmería de Chile, la Ley N° 21.421 —aprobada en 2022— excluyó explícitamente del beneficio a quienes cometieron delitos sexuales contra menores. Desde la cartera argumentan que la facultad es reglada y sostienen que existe una discusión judicial sobre la aplicación de la norma a hechos anteriores a su vigencia; sin embargo, el ministerio no precisó si ese fue el criterio jurídico aplicado en cada caso ni cuántos de los decretos corresponden a delitos cometidos antes o después de la reforma de 2022.
El ritmo de otorgamiento de estas rebajas —equivalente a unos nueve decretos mensuales— colisiona de frente con los anuncios del propio Ejecutivo en materia de infancia, como el «Plan Chile Cuida a los Niños» para abordar la crisis del sistema de protección.
RESPUESTA DESDE EL EJECUTIVO: «NO SOMOS UN GOBIERNO ARBITRARIO»
Durante la jornada, en el Congreso, el Ministro de Justicia Fernando Rabat recalcó que el procedimiento se amparaba en la doctrina de la Corte Suprema. «La Corte Suprema acogió recursos de amparo de todas esas personas y, por lo tanto, lo que hizo el ministerio fue establecer la doctrina que la propia Corte Suprema estableció por la vía de dichos recursos. Nada más que eso es el cumplimiento de sentencias de la Corte Suprema«.
Mientras que el nuevo subsecretario vocero Gonzalo Arenas, comentó en su debut en el Gobierno que la información es «bastante malintencionada» ya que «supone que hubo una cierta voluntad o intención del Ejecutivo de perdonar a algunos delincuentes que hayan cometido abusos sexuales«.
El vocero explica que el Gobierno se ciñe a «un procedimiento establecido en la ley» y recalcó que -bajo esa circunstancia- el otorgamiento de la rebaja de condena «es un derecho y no somos un gobierno arbitrario. Somos un gobierno que cumple con la normativa«.
