La Cámara de Diputadas y Diputados asestó un complejo revés legislativo al Gobierno tras declarar admisible la moción parlamentaria denominada «Sueldos Protegidos», una iniciativa que busca prohibir y limitar los embargos y retenciones de sueldos a los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE).
Pese a los reiterados reparos del Ejecutivo —que argumentaba la inconstitucionalidad de la propuesta por involucrar atribuciones exclusivas del Presidente de la República en materia de administración financiera del Estado y atribuciones tributarias o de crédito—, la Sala de la Cámara rechazó por mayoría la reserva formulada por la mesa directiva y aprobó la admisibilidad del proyecto con 78 votos a favor, 42 en contra y 8 abstenciones.
Alcances de la propuesta y choque con la estrategia de La Moneda
La iniciativa busca proteger los ingresos de los profesionales y trabajadores deudores del sistema de financiamiento educativo superior, estableciendo un límite infranqueable a las cobranzas judiciales y retenciones bancarias promovidas por las instituciones financieras que administran la cartera del CAE.
El resultado de la votación dejó al descubierto el descuelgue de parlamentarios de la coalición de gobierno y sectores independientes, quienes sumaron sus votos a la oposición para dar luz verde a la discusión. El traspié parlamentario obliga a la administración a recalibrar su estrategia frente al endeudamiento educativo, en momentos en que el propio Ejecutivo busca impulsar su propio marco normativo y mientras se abre la posibilidad de que recurra al Tribunal Constitucional para frenar el avance de la moción.
