Durante años hemos hablado de transformación digital, inteligencia artificial y modernización del Estado. Hemos construido la idea —correcta, a mi juicio— de que Chile debe avanzar hacia una sociedad capaz de desenvolverse en un mundo cada vez más tecnológico.
Por eso resulta difícil comprender que el proyecto de Presupuesto 2027 deje sin financiamiento explícito a las Becas TIC, continuadoras de “Yo elijo mi PC”. De aprobarse así, sería la primera vez en 17 años sin una nueva entrega de computadores. Solo en 2026, el programa alcanzó a más de 96 mil estudiantes.
Se puede discutir su diseño, exigir mayor eficiencia, fiscalización y mejores resultados. Eso corresponde con cualquier política pública. Pero una cosa es modernizar un programa y otra muy distinta es eliminar el instrumento sin ofrecer una alternativa equivalente.
Personalmente, esperaba lo contrario: reemplazar computadores por tablets si fuese necesario, incorporar herramientas de inteligencia artificial, fortalecer la alfabetización digital o rediseñar completamente el programa. Modernizarlo. No simplemente dejarlo sin recursos.
Porque un computador hoy no es un premio. Es infraestructura para participar del mundo contemporáneo.
Chile ha avanzado enormemente en conectividad. En 2002 apenas el 10,2% de los hogares tenía acceso a internet; en 2024 alcanzamos un 93,2%. Las políticas de acceso tecnológico también forman parte de esa historia.
Pero existe una pregunta anterior a cualquier discusión presupuestaria: ¿qué significa igualdad en una sociedad digital?
Durante el siglo XX, democratizar el acceso al libro, la escuela y la biblioteca significó democratizar el conocimiento. En el siglo XXI, el acceso a la tecnología cumple una función semejante. El computador dejó de ser simplemente un objeto de consumo: es una puerta de entrada al conocimiento, al trabajo y a nuevas oportunidades.
Aquí aparece una contradicción difícil de ignorar: no podemos construir un Estado digital mientras dejamos ciudadanos analógicos por falta de recursos.
Desde La Moneda puede parecer que un computador dejó de ser una necesidad. Pero muchas familias todavía deben preguntarse si habrá un equipo disponible para hacer una tarea, aprender programación o utilizar por primera vez una herramienta de inteligencia artificial.
El Estado no existe únicamente para quienes pueden acceder al futuro por sus propios medios. También debe impedir que el origen de una persona determine su capacidad de participar de él.
La discusión, entonces, no debería ser si conservamos intacto un programa creado hace 17 años, sino qué política tecnológica necesita Chile para los próximos 17.
Si quedó antiguo, modernicémoslo. Si necesita mejores controles, fiscalicémoslo. Si existen mejores dispositivos, cambiémoslos.
Pero no confundamos modernización con ausencia.
Porque modernizar el Estado sin democratizar el acceso a la tecnología no es transformación digital. Es digitalizar la desigualdad.
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