Una compleja jornada parlamentaria enfrentó este miércoles el ministro de Justicia, Fernando Rabat, durante su comparecencia ante la Cámara de Diputadas y Diputados para argumentar la entrega de beneficios y rebajas de condena a un grupo de 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad, así como por crímenes contra los derechos humanos.
Durante la sesión especial —convocada entre las 15:00 y las 17:00 horas—, tanto el secretario de Estado como el subsecretario de la cartera, Luis Silva, fundamentaron las resoluciones y decretos dictados durante la administración del Presidente José Antonio Kast. Sin embargo, las intervenciones de la autoridad no lograron aplacar las críticas ni convencer al hemiciclo respecto a los criterios aplicados para conceder dichas rebajas.
Avanza la acusación constitucional
Frente a la falta de autocrítica percibida en la exposición del titular de Justicia, las bancadas parlamentarias intensificaron sus coordinaciones para presentar un libelo acusatorio en su contra. La bancada de la Democracia Cristiana confirmó su adhesión a la medida, sumándose al bloque opositor y a sectores del propio oficialismo que han solicitado públicamente la renuncia del ministro.
El presidente de la corporación, Jorge Alessandri (UDI), advirtió más temprano que el secretario de Estado acudió a la cita en un escenario donde existía una mayoría previa dispuesta a respaldar la acusación constitucional, situación que se habría consolidado tras el desarrollo de la sesión.
El respaldo de La Moneda
Pese al complejo panorama legislativo y a las crecientes exigencias de dimisión que pesan sobre Rabat y dos subsecretarios de la cartera, desde el Ejecutivo descartaron de plano un ajuste ministerial.
El ministro vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, reiteró que Rabat mantiene la plena confianza del Mandatario y afirmó que, a juicio del Palacio de La Moneda, no existen fundamentos jurídicos ni políticos que justifiquen el avance de un juicio político en el Congreso Nacional.
