El Gobierno ha reactivado en el Congreso la suma urgencia a un proyecto de ley que autoriza la captura y el control letal de perros ferales o asilvestrados en predios ganaderos. La iniciativa busca frenar los ataques contra el ganado de la agricultura y la fauna nativa en peligro de extinción. Tras la fusión de dos iniciativas parlamentarias, la propuesta comenzó a ser tramitada con prioridad en la Comisión de Agricultura de la Cámara.
En ese contexto, el diputado Jaime Araya, integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cuestionó la decisión del Ejecutivo de otorgar suma urgencia a esta iniciativa. El parlamentario anunció que votará en contra de la propuesta. “No podemos retroceder en la protección animal”, sostuvo Araya.
El diputado planteó que el problema debe enfrentarse con políticas públicas de tenencia responsable, fiscalización, esterilización, gestión municipal y medidas que permitan proteger tanto a las comunidades rurales como a la biodiversidad, sin recurrir al maltrato ni a la eliminación de animales.
El núcleo del proyecto establece regulaciones específicas para los animales que -debido al abandono de dueños- han vuelto a un estado silvestre y ya no dependen de los seres humanos para sobrevivir. Entre las medidas propuestas, se autorizan mecanismos de captura en predios rurales afectados y se contempla una eximente de responsabilidad penal para quienes actúen en defensa propia, de terceros o de sus animales domésticos y de producción bajo ataque.
“La solución es más responsabilidad, más gestión y más protección, no más violencia”, afirmó Araya.
Tensión entre conservación y bienestar animal
El anuncio ha encendido nuevamente las alarmas en las organizaciones animalistas, quienes denuncian que la norma podría encubrir matanzas impunes. De acuerdo con datos citados por la Subsecretaría de Desarrollo Regional, cerca del 90% de los ataques rurales son cometidos por perros con dueños irresponsables que deambulan sin supervisión. Estas agrupaciones exigen fiscalizar con fuerza la vigente Ley de Tenencia Responsable (Ley Cholito), aplicando cárcel efectiva por abandono e inyectando más recursos públicos a la esterilización obligatoria.
Por otro lado, sectores agropecuarios argumentan que las herramientas de la actual ley de tenencia de mascotas resultan ineficaces frente a caninos que ya operan como depredadores de vida libre.
