La perspectiva de la Comunidad Haitiana en Chile dista profundamente de la alarma instalada en los últimos días y que tiene a la clase política como principal protagonista.
Para las organizaciones, este episodio constituyó una operación mediática y política que estigmatizó a sus familias, ocultando un esfuerzo humanitario legítimo de reunificación.
«Nadie nos preguntó»
Los voceros, activistas y la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes salieron públicamente a aclarar que no registran denuncias internas de hijos extraviados o desaparecidos. De acuerdo con sus declaraciones recogidas en el portal Puranoticia, las discrepancias en las fiscalizaciones se deben a la alta movilidad residencial de la población migrante en Santiago —debido a cambios de arriendo y precariedad laboral— y no a dinámicas criminales.
La justificación de los viajes en chárter
La comunidad enfatiza que los vuelos no regulares cuestionados por el Gobierno no representaban operaciones clandestinas. Debido a la inseguridad y el colapso estatal que sufre Haití, no existen aerolíneas comerciales regulares operando en el país caribeño.
El abogado haitiano Renaud Desir, experto en materias migratorias, explicó a El Mostrador que la contratación de chárteres y el uso de gestores o «tutores» acompañantes (los 12 adultos criticados inicialmente) es un corredor humanitario autogestionado.
Exigencia de trazabilidad y defensa legal
La defensa de la comunidad descansa en la estricta trazabilidad legal que requiere la visa de reunificación familiar (Ley 21.325). El abogado Desir planteó una lógica tajante al citado medio: el sistema exige que el padre residente en Chile firme e identifique sus documentos. «Imagínate un niño haitiano se perdió y todos los padres haitianos se quedan callados sin decir nada«, señaló para demostrar la inconsistencia de la tesis de tráfico masivo ante la ausencia total de padres reclamando hijos perdidos.
Estigmatización, racismo y exclusión
La mayor crítica de las organizaciones radica en el impacto social generado. Se denuncia que el Estado y el Gobierno prefirieron levantar sospechas sobre «tráfico de órganos o adopciones ilegales» antes de convocar a los líderes comunitarios haitianos para resolver los descalces de información. Esto -dicen- incrementa el racismo y la segregación urbana que ya afecta a esta población en comunas vulnerables.
