Un caso de «puerta giratoria» salpica al máximo organismo fiscalizador ambiental del país. Según una investigación de los periodistas José Gubbins y Diego Ortiz, publicada por el medio CIPER Chile, el actual jefe de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), Emanuel Ibarra, representó a seis grandes empresas privadas en procesos sancionatorios abiertos por el propio organismo que hoy encabeza, varias de ellas imputadas por infracciones clasificadas como «gravísimas«.
Los hechos ocurrieron entre 2023 y 2026, período en que el abogado se desempeñó en el bufete privado Moreno, Sáez y Avilés (MSyA) tras haber ejercido como superintendente subrogante en 2022, participando en al menos ocho reuniones de lobby ante distintas reparticiones públicas para defender proyectos infractores.
La nómina de clientes representados por Ibarra abarca a firmas como Andex Minerals SpA (acusada de realizar sondajes mineros ilegales dentro de la Reserva Nacional Las Vicuñas), Agrícola Tarapacá S.A. (que operó planteles con miles de aves en el Valle de Lluta sin permiso ambiental, generando «graves riesgos para la salud»), Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM, la forestal Tulsa S.A., la eléctrica Interchile S.A. y Cal Austral S.A. La gravedad de las imputaciones incluye omisiones en controles de calidad del agua, afectación de flora nativa en más de 120 hectáreas y vertimientos de amoniaco con generación de malos olores.
SUPERINTENDENTE DECLARA QUE EJERCERÁ ABSTENCIÓN Y SUBROGANCIA
Frente al conflicto de intereses que significaría que sus subordinados deban evaluar o revisar los procedimientos donde él actuó como contraparte, el superintendente responde a CIPER cómo garantizará la imparcialidad del organismo. Ibarra afirmó por escrito al medio que «se ejercerá el deber de abstención en cada caso» y que «para dar trazabilidad a estas abstenciones, ya informé formalmente al área jurídica de las empresas involucradas«.
Respecto a la toma de decisiones sancionatorias pendientes, la autoridad remarcó que «operará la subrogancia, que es la forma que determina la ley. Por lo tanto, no decidiré ningún asunto asociado a esos procedimientos«.
La investigación de CIPER expone que, durante su etapa previa en el Estado, Ibarra participó activamente en los expedientes de Collahuasi e Interchile para luego, al saltar al sector privado, representar a esas mismas empresas en los mismos proyectos infractores. La máxima autoridad ambiental justificó el fenómeno argumentando ante el medio que «suele ocurrir que a estos cargos llegan personas que trabajamos con grupos de interés. Aquello no es un problema porque no hay una inhabilidad, pero sí existe el deber de abstención que debe ejercerse siempre«.
