El ingreso formal del proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2027 al Congreso Nacional será este lunes 5 de octubre, sin embargo ya ha marcado el inicio del debate parlamentario, con una propuesta del Ejecutivo que plantea -hasta ahora- un crecimiento del gasto público de 1,5%. La distribución de las partidas evidencia una priorización fiscal acotada en áreas de alta demanda social y seguridad, en contraste con fuertes ajustes y reducciones de recursos en carteras como Cultura y Educación.
AL ALZA: SEGURIDAD, SALUD Y NIÑEZ
En el bloque de las alzas ministeriales, la partida del Ministerio de Seguridad Pública lidera los incrementos con un aumento de 9,1% enfocado en infraestructura, resguardo policial y patrullaje comunal. Le sigue la partida del Ministerio de Salud, que registra un crecimiento de 4,7% para abordar la reducción de listas de espera y el fortalecimiento de la atención primaria, mientras que la partida orientada a la Protección a la Niñez experimenta un alza de 4,1%. En el ámbito económico y productivo, destacan los fondos destinados a Sercotec e inversión pública, orientados a la reactivación del empleo.
LAS BAJAS EN CULTURA Y REAJUSTES EN EDUCACIÓN
Por el contrario, la partida del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio sufre una de las caídas más drásticas dentro del proyecto fiscal, registrando una contracción general de 10,1% respecto del periodo anterior. Este ajuste impacta negativamente a los fondos sectoriales de fomento para el libro, las artes escénicas y el sector audiovisual, además de reducciones significativas en programas como el Pase Cultural, el Fondo del Patrimonio y el presupuesto asignado al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.
En una posición de reajuste se ubica el Ministerio de Educación, cuya partida anota un modesto incremento real de 0,78%. A pesar de sostener los compromisos de gratuidad en la educación superior y el financiamiento de la educación básica, esta cartera contempla recortes internos en programas emblemáticos como las Becas TIC, los Liceos Bicentenarios y los aportes directos a universidades estatales.
Asimismo, la propuesta contempla un ajuste general sobre el gasto operativo del aparato estatal mediante la reducción de bienes, servicios y programas sociales evaluados desfavorablemente.
