Lo que comenzó como una investigación por fraude al FISCO debido al presunto uso irregular de asignaciones parlamentarias se ha transformado en un caso de múltiples aristas penales. La causa contra la actual senadora de Renovación Nacional, Camila Flores, ha derivado en nuevas líneas de indagatoria dirigidas por la Fiscalía Regional de Valparaíso, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el OS9 de Carabineros.
Reportajes T13 expone que el caso ha dado un vuelco clave tras la incautación de dispositivos móviles y computadores en la oficina de la parlamentaria en el Congreso Nacional en mayo pasado. Aunque la defensa de Flores intentó restringir el acceso del Ministerio Público a sus comunicaciones vía Corte de Apelaciones, la evidencia contenida en los teléfonos de su entorno directo ha comenzado a revelar los entresijos de la presunta red de exacciones de sueldos.
La ruta de los sobres con dinero en efectivo
El expediente judicial aborda la denuncia del exasesor Julio Lillo, quien acusa a la senadora de exigirle la devolución de parte de sus ingresos bajo la amenaza de desvincularlo.
En la investigación figuran mensajes de WhatsApp intercambiados entre Lillo y la secretaria de Flores, Yolanda Olfos, donde se coordinaba la entrega de sobres en las dependencias parlamentarias.
Julio Lillo: «Julio está abajo en recepción, me pide bajar a buscar un sobre y que le avisaría a usted. Voy.»
Yolanda Olfos: «Diputada, tengo el sobre de Julio, necesito su autorización o se lo llevo.»
Aunque Olfos declaró que los sobres contenían únicamente «documentos de trabajo», terminó admitiendo en su testimonio formal que los paquetes provenientes de Lillo no correspondían a los rendimientos de gastos ordinarios y que estaban dirigidos de forma exclusiva y cerrada a la parlamentaria.
A esto se suma la filtración de una llamada o conversación grabada entre la secretaria y el propio Lillo, en la cual Olfos intentaba tranquilizarlo sobre el manejo de los montos:
Yolanda Olfos: «Qué bueno que no aparecemos en nada. No, Julio, no vamos a aparecer nunca en nada, no se preocupe… el que lleva todo y hace el caldo de cabeza para poder cuadrar y que las cosas no sean excesivas de ningún tipo soy yo.»
Julio Lillo (en declaración judicial): «Yo le comenté a Yolanda que lo que estaban haciendo conmigo era delito y Yolanda me respondió que la diputada tenía todo manejado.»
$228 millones bajo el ojo del Servicio de Impuestos Internos
La arista patrimonial ha tomado fuerza luego de que la Fiscalía detectara un abultado descalce financiero e impulsara diligencias ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).
En los registros contables correspondientes al ejercicio 2025 de la parlamentaria se detectó un monto de $228.319.963 por concepto de facturas recibidas e ingresos informados. La cifra excede de manera sustancial los ingresos brutos regulares que reporta formalmente en el sistema, lo que mantiene bajo investigación la procedencia real de dichos fondos y si corresponden al blanqueo de devoluciones en efectivo o rendiciones ante el Servel.
Tráfico de influencias: El oficio para favorecer a su madre
El Ministerio Público abrió además un capítulo sobre posible tráfico de influencias tras descubrir un oficio que la entonces diputada envió en agosto de 2025 a la Seremi de Bienes Nacionales de la Región de Los Ríos.
En el documento formal, Flores utilizaba las facultades fiscalizadoras de la Cámara para presionar por la aceleración en la tramitación del dominio de un terreno a nombre de Verónica Oporto González. La indagatoria confirmó que Oporto es la madre de la parlamentaria y, además, que dichas solicitudes se realizaron sobre una región que Flores no representaba en el Congreso.
El -entonces- prosecretario de la Cámara, Luis Rojas, y el exasesor legislativo Benjamín Rojas (quien redactó el escrito) declararon ante la Fiscalía calificando la acción como «éticamente reprochable» y un evidente mal uso de recursos e instrumentos públicos para fines personales o familiares.
La arista notarios: le atribuyen un sospechoso «cambio de conducta»
La indagatoria suma un último frente de alta complejidad, de acuerdo a T13: la tramitación de la reforma a la Ley de Notarios en la comisión mixta. Un asesor jurídico de la Cámara de Diputados testificó ante el Ministerio Público alertando sobre un giro abrupto e inusual en el rol de la congresista:
«En la comisión mixta hubo un cambio de conducta de la diputada Camila Flores que intervino de manera continua, formuló reserva de constitucionalidad, participó en todas las votaciones e incluso hizo propuestas que fueron sometidas a votación. Ese cambio de conducta es muy llamativo, porque de una actitud pasiva o desinteresada pasa a tomar parte activa en la discusión.»
La Fiscalía investiga si este repentino interés por la moción parlamentaria estuvo motivado por negociaciones indebidas o favores de terceros, abriendo una arista por eventuales delitos de corrupción parlamentaria que salpicaría a otros integrantes del Congreso.
Frente a la acumulación de evidencias, la defensa de la senadora insiste en que las menciones en los mensajes han sido «sacadas de contexto» y sostiene que acreditarán su total inocencia durante el proceso judicial.
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