En el marco de la agenda de seguridad del Ejecutivo—marcada por la urgencia de adoptar medidas tras el reciente homicidio perpetrado por un ciudadano extranjero en situación migratoria irregular—, la Comisión Mixta del Congreso aprobó importantes modificaciones legales en la materia.
La instancia parlamentaria despachó un aumento a las sanciones administrativas de reingreso de extranjeros. La nueva propuesta extiende de tres a cinco años el periodo de prohibición de entrada a Chile para cualquier ciudadano extranjero que haya sido objeto de un procedimiento de expulsión.
Asimismo, el texto legal introduce un mecanismo flexibilizador en materia judicial que permite materializar la expulsión de personas en situación irregular sin necesidad de esperar la conclusión definitiva del procedimiento penal en curso. Esta indicación facultará al Estado a evaluar los casos de imputados privados de libertad y, según la gravedad de los antecedentes, proceder a su reconducción fuera del país.
Al respecto, el subsecretario de Interior Max Pavez enfatizó que la reforma permitirá que una persona en condición migratoria irregular, sujeta a investigación por determinados delitos, pueda ser expulsada de manera anticipada sin la exigencia de completar la totalidad del proceso judicial.
Nuevas herramientas para la PDI
Otras medidas aprobadas otorgan facultades a la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) para realizar ingresos e inspecciones en domicilios privados, previa autorización de un juez de garantía. La disposición busca destrabar la detección y detención de extranjeros irregulares vinculados a la comisión de delitos, agilizando la posterior ejecución de sus decretos de expulsión del territorio nacional.
El subsecretario del Interior valoró la determinación del Poder Legislativo y señaló que el paquete de medidas constituyen innovaciones para materializar el ordenamiento migratorio y combatir la delincuencia.
