La controversia en torno a los beneficios carcelarios otorgados por el Ejecutivo sumó un nuevo capítulo. A las 56 rebajas de pena concedidas por vía administrativa a condenados por abuso sexual y violación de menores entre marzo y septiembre de 2026, se reveló que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos también visó reducciones de condena para personas delitadas por graves atrocidades, incluyendo a internos del penal de Punta Peuco.
De acuerdo con una investigación desarrollada por el medio El Mostrador, desde el inicio de la administración se firmaron tres decretos exentos adicionales por delitos de extrema gravedad. Dos de estas resoluciones benefician directamente a reclusos del Centro de Detención Preventiva de Til Til (Punta Peuco) —recinto destinado a exfuncionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden condenados por violaciones a los derechos humanos—, por los delitos de secuestro calificado y tortura.
El tercer decreto beneficia a una persona condenada por secuestro calificado en un establecimiento penitenciario no precisado en la documentación oficial.
El hallazgo desmonta los intentos del Palacio de La Moneda por calificar de «malintencionadas» las primeras revelaciones y agudiza la crisis sobre el ministro de Justicia, Fernando Rabat.
Mientras desde la cartera se argumentó que las decisiones buscaban recoger la doctrina del máximo tribunal en recursos de amparo, juristas y la Defensoría de la Niñez han recordado que la Corte Suprema ha rechazado beneficios similares. Asimismo, frente a las rebajas en Punta Peuco, desde Amnistía Internacional advirtieron que atenuar penas a personas juzgadas por crímenes de lesa humanidad constituye una abierta vulneración a los compromisos e instrumentos internacionales firmados por el Estado de Chile en materia de justicia.
Ante el impacto político de los decretos firmados «por orden del Presidente de la República», el Congreso confirmó dos sesiones especiales y ya se articulan acciones para interpelar a las autoridades e impulsar una comisión investigadora para revisar la trazabilidad de los expedientes.
