Mongabay LATAM sigue dando golpes importantes. Ahora, un extenso reportaje de los periodistas Nicolás Cerpa y Nicolás Sepúlveda exponen una serie de documentos que develan financiamiento a abogados imputados por corrupción, nexos con jueces destituidos y exministros que actúan como «analistas independientes» en medios sin transparentar sus vínculos contractuales.
A lo largo de más de una década de férrea resistencia ambiental y judicial, la viabilidad del controvertido proyecto minero y portuario Dominga —pretendido por la empresa Andes Iron SpA en la comuna de La Higuera— ha sido catalogada por sus ejecutivos como una contienda técnica.
El proyecto Dominga ingresó a tramitación ambiental en 2013 buscando luz verde para iniciar su construcción, pero 13 años después sigue paralizado. Los dueños del negocio han protagonizado un duro enfrentamiento con autoridades y organizaciones locales y ambientalistas que se oponen a su construcción.
Sin embargo, tras el debate se esconde un vasto entramado de influencias financiado con sumas millonarias. Una investigación exclusiva basada en documentación presupuestaria y de gestión interna de la propia compañía revela cómo los titulares del megaproyecto han desplegado una nómina secreta de asesores que abarca a influyentes operadores judiciales, dirigentes políticos de alto nivel y exautoridades que intervienen activamente en el debate público sin declarar sus conflictos de interés.
JOSÉ RAMÓN CORREA Y SU VÍNCULO CON HERMOSILLA, VIVANCO, LAGOS Y VARGAS
La red encuentra a su figura central en el abogado José Ramón Correa, que ha representado a la familia del dictador Augusto Pinochet y que ha cultivado redes con dirigentes de gobiernos de centro izquierda de la Concertación. El jurista hoy es investigado por el Ministerio Público por delitos de corrupción en el marco de las derivaciones del denominado «Caso Audios«. Según los balances contables de Andes Iron, Correa figuraba en 2022 como el asesor corporativo mejor remunerado de la minera, contemplando un presupuesto de más de US$ 700.000 (más de 650 millones de pesos) por servicios en las sombras, pese a no aparecer litigando ni representando formalmente a Dominga en los tribunales del país.
El rol de Correa resulta crucial al cruzar las conversaciones de WhatsApp destapadas por el caso del penalista Luis Hermosilla, donde el abogado intercedía en el nombramiento de jueces. Dichos registros vinculan a Correa con la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco —removida de su cargo y sometida a medidas cautelares tras descubrirse el pago de coimas a cambio de resoluciones judiciales—, así como con la firma de los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas. Esta última oficina jurídica recibió en 2023 más de US$ 250.000 por parte de Andes Iron por conceptos no aclarados, en un periodo coincidente con fallos favorables de la Corte Suprema donde participaron magistrados cercanos a dichos bufetes.
PAGO DE ASESORÍAS A FIGURAS POLÍTICAS
Los documentos contables de la matriz controlada por la familia Délano constatan el pago de asesorías a excongresistas y figuras políticas de diversos sectores, quienes apelan a cláusulas de confidencialidad contractual para omitir la naturaleza de sus gestiones ante el Estado. Entre los asesores de la empresa aparece el exsenador Patricio Walker, hermano de Matías Walker (ex DC, hoy Demócratas), senador por la región de Coquimbo y quien ha mantenido un posición favorable al proyecto.
Otro exparlamentario que tuvo algún vínculo con Andes Iron es el exdiputado Osvaldo Andrade, quien ha sido presidente del Partido Socialista, Ministro del Trabajo bajo el primer gobierno de Michelle Bachelet y presidente de la Cámara de Diputados.
EL CASO DE UN EX MINISTRO DE TRIBUNAL AMBIENTAL QUE FIGURA EN LA PLANILLA DE PAGOS DE ANDES IRON
Asimismo, los registros confirman el pago regular a Alejandro Ruiz Fabres, exministro del Segundo Tribunal Ambiental, que interviene reiteradamente en medios de comunicación nacional valorando la viabilidad de Dominga en calidad de experto ambiental, omitiendo ante la opinión pública que figura en las planillas presupuestarias de la minera. Consultado para el reportaje de MONGABAY reconoció que es un asesor pagado por Andes Iron.
Esta estructura compleja y entramada se produce en momentos en que la iniciativa extractiva busca revertir por vía judicial los sucesivos rechazos decretados por el Comité de Ministros. Mientras la empresa defiende una inversión de US$ 3.000 millones prometiendo la creación de empleos, organizaciones científicas y sociales reiteran que la construcción del terminal portuario en el Archipiélago de Humboldt destruirá de manera irreversible un ecosistema estratégico que alberga al 80% de la población mundial del pingüino de Humboldt y a decenas de especies marinas protegidas.
Frente a los hallazgos expuestos en los documentos contables, la empresa Andes Iron SpA optó por el silencio, declinando responder las consultas formales enviadas por el equipo investigador de MONGABAY. Por su parte, el abogado José Ramón Correa declinó precisar las labores ejecutadas a cambio de las asignaciones millonarias, argumentando el secreto profesional que rige sobre sus contratos privados.
Mientras la Fiscalía mantiene abierta una investigación reservada sobre la ruta de estos caudales, el reportaje saca a la luz cómo la estrategia para imponer un megaproyecto minero en Chile sobrepasó los causes institucionales para instalarse en las redes del poder judicial y político.
