Los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) encendieron las alarmas en el sector educacional tras confirmarse las nuevas orientaciones presupuestarias emanadas desde la Dirección de Educación Pública (DEP) para el ejercicio fiscal 2027.
El organismo regulador notificó las directrices de austeridad y contención del gasto que deberán aplicar los sostenedores públicos para hacer frente al escenario financiero del próximo año. Entre las instrucciones centrales instruidas por la DEP se establece la obligación de fusionar aquellos cursos que presenten baja matrícula y la prohibición estricta de contratar reemplazos para los docentes que se retiren o jubilen del sistema escolar.
Planes de ajuste y reestructuración de la planta docente
Las pautas operativas fijadas por la DEP exigen una reorganización de las horas pedagógicas y una optimización de la dotación docente en todos los establecimientos dependientes de la red de servicios locales. Bajo este esquema, las vacantes generadas por profesores que se acojan al retiro voluntario o concluyan su vínculo laboral no serán cubiertas con nuevos profesionales, debiendo redistribuirse la carga lectiva entre el personal en ejercicio.
Asimismo, la instrucción de unificar niveles y aulas busca reducir los costos de funcionamiento de los colegios. La medida provocó una inmediata reacción de rechazo entre gremios de la educación, sindicatos de profesores y comunidades escolares, quienes advierten que los lineamientos fijados por la DEP aumentarán la cantidad de estudiantes por sala y complicarán la atención a las necesidades educativas especiales.
De hecho, la directiva regional del Colegio de Profesores se dirigió a la Contraloría para solicitar la revisión del instructivo.
Incertidumbre en la red pública y debate parlamentario
Las orientaciones presupuestarias formuladas por la DEP abren un escenario de incertidumbre sobre el ritmo de consolidación del nuevo sistema público de educación. Directivos de diversos servicios locales han expresado su preocupación por los márgenes de gestión que dejan estas directrices en materia de mantenimiento de infraestructura, compras operativas y material didáctico.
Ante el alcance de las medidas dictadas por la autoridad nacional, parlamentarios de las comisiones de Educación del Congreso y dirigentes del Colegio de Profesoras y Profesores anunciaron que cuestionarán los criterios durante la tramitación de la Ley de Presupuestos, solicitando al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Educación reconsiderar los recortes asignados al sector.
