La desarticulación de una organización dedicada a la explotación sexual de mujeres en Calama volvió a encender las alertas sobre la expansión de la trata de personas en la Región de Antofagasta.
El operativo, informado el 24 de julio de 2026, se produjo menos de un año después de “Casa de Muñecas”, una de las investigaciones contra la trata de personas más grandes ejecutadas en la capital regional.
Aunque hasta ahora no existen antecedentes públicos que vinculen directamente ambas causas, los dos casos presentan elementos similares: mujeres extranjeras en condiciones de vulnerabilidad, captación mediante engaños, utilización de diferentes inmuebles, administración organizada de las ganancias y presuntos mecanismos destinados a ocultar el dinero obtenido.
Los procedimientos permitieron detener, en conjunto, a 28 personas y poner bajo protección a 29 mujeres que, según las investigaciones del Ministerio Público y la Policía de Investigaciones, eran víctimas de explotación sexual.
Calama: una organización que habría operado durante cinco años
La investigación más reciente fue desarrollada durante varios meses por la Fiscalía de Calama y la Agrupación Investigadora de Trata de Personas de la PDI.
El análisis comenzó a partir de publicaciones difundidas en plataformas de internet que ofrecían servicios sexuales. Mediante inteligencia policial, análisis criminal y técnicas especiales de investigación, los detectives identificaron los domicilios utilizados y la participación que habría tenido cada integrante de la organización.
La Fiscalía sostiene que la red funcionaba desde al menos 2021, captando a mujeres extranjeras en situación de vulnerabilidad para posteriormente explotarlas sexualmente en distintos inmuebles de Calama.
Durante el operativo fueron detenidas seis personas de nacionalidad peruana, quienes fueron formalizadas por los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, asociación criminal y lavado de activos.
Además, diez mujeres fueron puestas a resguardo y derivadas a los organismos encargados de entregar protección y acompañamiento a las víctimas.
Según los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, las mujeres habrían sido captadas mediante ofertas laborales y posteriormente sometidas a presiones y distintas formas de control por parte de la organización.
El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, advirtió que se trata de un delito especialmente difícil de investigar, debido a que muchas víctimas no denuncian por miedo, dependencia económica, amenazas o por encontrarse en una situación migratoria vulnerable.
El caso demuestra que las redes ya no necesitan operar exclusivamente mediante contactos presenciales. Las publicaciones en internet pueden transformarse en una puerta de entrada para captar víctimas, promocionar servicios y trasladar la explotación desde locales visibles hacia departamentos o viviendas distribuidas por la ciudad.
“Casa de Muñecas”: el millonario negocio descubierto en Antofagasta
El antecedente más cercano ocurrió el 14 de agosto de 2025, cuando más de cien detectives participaron en allanamientos simultáneos realizados en distintos sectores de Antofagasta.
La operación, denominada “Casa de Muñecas”, fue el resultado de más de un año de investigación desarrollada por la Fiscalía de Alta Complejidad, la unidad SACFI y brigadas especializadas de la PDI.
El procedimiento terminó con 22 personas detenidas: 18 extranjeras y cuatro chilenas. De acuerdo con los antecedentes policiales, la organización estaba compuesta por grupos con vínculos familiares que reclutaban a mujeres extranjeras mediante falsas ofertas para trabajar como recepcionistas o en bares.
Una vez que las víctimas llegaban a Chile, les habrían retirado sus documentos de identidad y exigido dinero para recuperarlos, manteniéndolas bajo control y obligándolas a entregar servicios sexuales.
El operativo permitió rescatar a 19 mujeres extranjeras, quienes quedaron bajo la protección de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional de Antofagasta.
Además, la policía incautó 11 vehículos, más de $86 millones en efectivo y otros bienes. El valor preliminar de las especies y el patrimonio recuperado superó los $542 millones, mientras 87 cuentas bancarias fueron congeladas durante la investigación.
Los 22 detenidos fueron formalizados por delitos como trata de personas con fines de explotación sexual, facilitación o promoción del ingreso al país con fines de prostitución y asociación criminal. Doce de ellos también fueron investigados por lavado de activos y asociación ilícita para el lavado de activos.
Finalmente, 21 imputados quedaron en prisión preventiva, mientras una mujer permaneció con arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas. La investigación quedó inicialmente con un plazo de cien días.
Captación, control y lavado de dinero
Los dos casos permiten identificar un patrón que se repite.
Las víctimas serían principalmente mujeres extranjeras que atraviesan dificultades económicas, laborales o migratorias. Las organizaciones aprovechan esa vulnerabilidad para ofrecer empleos que aparentemente no están relacionados con el comercio sexual.
Una vez que las mujeres ingresan a la estructura, las redes ejercerían control sobre sus documentos, desplazamientos, alojamiento y dinero. Paralelamente, los integrantes de las organizaciones administran las propiedades, publican anuncios, reciben los pagos y buscan introducir las ganancias al sistema financiero.
La investigación patrimonial se ha convertido así en una pieza fundamental. Detener a los integrantes de una red no necesariamente impide que la organización vuelva a operar si conserva sus inmuebles, vehículos, cuentas bancarias y dinero.
Por esta razón, tanto la Fiscalía como la PDI han enfatizado que la persecución debe apuntar no solo a las personas que participan directamente en la explotación, sino también a quienes administran el patrimonio, facilitan cuentas bancarias, aparecen como propietarios de bienes o permiten ocultar el origen del dinero.
Un delito que crece en la macrozona norte
Los casos de Antofagasta y Calama no aparecen como hechos aislados.
El Informe de Crimen Organizado en Chile 2025, elaborado por el Ministerio Público, advierte que la trata de personas con fines de explotación sexual ha experimentado un crecimiento sostenido en la macrozona norte.
El documento identifica la presencia de estructuras criminales transnacionales que funcionan mediante roles diferenciados y mecanismos cada vez más sofisticados de captación, traslado y explotación de las víctimas.
La Fiscalía también advierte que en Tarapacá y Antofagasta se han formado corredores y redes criminales que combinan distintos mercados ilícitos, entre ellos el narcotráfico, el contrabando, el tráfico de migrantes, la trata de personas y los secuestros extorsivos.
A nivel nacional, aproximadamente el 75% de las investigaciones por trata de personas iniciadas durante 2024 estuvieron relacionadas con explotación sexual. El porcentaje restante correspondió principalmente a trabajos o servicios forzados.
La cifra que permanece oculta
Las 29 mujeres puestas a resguardo en los dos procedimientos representan solamente a las víctimas identificadas por las investigaciones.
El número real podría ser mayor.
El Ministerio Público reconoce que la trata de personas mantiene una elevada cifra negra. Muchas víctimas no denuncian porque están amenazadas, temen represalias contra sus familias, dependen económicamente de la organización o se encuentran en situación migratoria irregular.
Otras mujeres ni siquiera se reconocen inicialmente como víctimas, debido a procesos de manipulación, endeudamiento o normalización de la violencia y el control.
Esta realidad dificulta establecer cuántas redes permanecen activas, cuántas mujeres continúan siendo explotadas y cuántos domicilios funcionan actualmente como espacios clandestinos de comercio sexual en la región.
Una amenaza instalada en el corazón de las ciudades
Las investigaciones desarrolladas en Antofagasta y Calama muestran que la explotación sexual no ocurre necesariamente en lugares apartados o desconocidos.
Puede funcionar en viviendas, departamentos, bares o locales comerciales ubicados en zonas urbanas, promocionados mediante redes sociales y plataformas digitales y sostenidos por sistemas de pago que facilitan el movimiento y ocultamiento del dinero.
El desafío para las instituciones no termina con los allanamientos. También exige proteger a las víctimas, perseguir el patrimonio de las organizaciones, fiscalizar los inmuebles utilizados, detectar publicaciones de captación y reforzar la cooperación entre policías, Fiscalía, municipios, organismos migratorios y servicios sociales.
En menos de un año, dos grandes operaciones dejaron al descubierto organizaciones que habrían convertido la vulnerabilidad de mujeres extranjeras en un negocio millonario.
Los casos “Casa de Muñecas” y la reciente red desarticulada en Calama revelan que la trata con fines de explotación sexual ya no puede considerarse un fenómeno lejano o excepcional. Es una expresión del crimen organizado que se instala silenciosamente dentro de las ciudades, mueve grandes cantidades de dinero y encuentra en el miedo de las víctimas una de sus principales formas de protección.
