El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucionales diversas disposiciones del proyecto de ley «Escuelas Protegidas». La iniciativa, promovida fervientemente por el Ejecutivo a través del MINEDUC encabezado por la Ministra María Paz Arzola, fue despachada previamente por el Congreso con reservas de constitucionalidad. Este martes, a eso de las 22 horas, mediante un comunicado de prensa, el TC resolvió un duro vuelco jurídico para el proyecto tras analizarse las impugnaciones interpuestas por parlamentarios de oposición.
A través de una resolución oficial, el TC eliminó o modificó aspectos centrales -considerados el corazón de «Escuelas Protegidas»-, tal como declarar contraria a la Constitución la norma que permitía a Carabineros y a la PDI revisar vestimentas y efectos personales de los alumnos dentro de los colegios ante un mero «indicio» delictual y sin el visado de un fiscal.
También quedó sin efecto la obligación de los sostenedores de denunciar y requerir de forma automática la acción de las policías si un estudiante se oponía a la inspección de su mochila y su apoderado no concurría al recinto.
El TC suprimió la disposición del Artículo 6° que bloqueaba el beneficio de la gratuidad por un lapso de cinco años a aquellos alumnos que fuesen condenados por sentencias firmes debido a delitos cometidos en recintos escolares.
Se eliminó también la prohibición generalizada de usar ropa o accesorios que hicieran «alusión a la violencia, a drogas o a conductas delictuales» en los reglamentos internos. Asimismo, se objetó el párrafo que definía legalmente como «afectación grave a la convivencia» los actos que causaran la interrupción de clases.
Con este dictamen, el órgano garante de la Constitución determinó que dichas reglas vulneraban libertades fundamentales y el derecho social a la educación. El resto del articulado -que no fue impugnado ni invalidado por el TC- continuará con su respectivo trámite de promulgación y publicación para convertirse en ley de la República.
