Un fuerte cuestionamiento realizó la ONG FIMA Chile al Proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social, Boletín N° 18.216-05, impulsado por el gobierno y actualmente en tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados.
Según el análisis elaborado por la organización, la iniciativa contiene una serie de disposiciones ambientales que podrían significar un retroceso relevante para la institucionalidad ambiental del país. Si bien el proyecto se justifica en la necesidad de entregar mayor certeza jurídica y acelerar la inversión, FIMA advierte que varias de sus normas restringen mecanismos de control, reducen espacios de participación y debilitan el acceso a la justicia ambiental.
Uno de los puntos más sensibles es la propuesta que impediría la revisión administrativa general de las Resoluciones de Calificación Ambiental favorables. En la práctica, esto limitaría la posibilidad de que comunidades o terceros afectados puedan impugnar permisos ambientales cuando existan eventuales ilegalidades en su tramitación.
El análisis también alerta sobre la reducción del plazo para invalidar autorizaciones sectoriales, pasando de dos años a solo seis meses, lo que podría dificultar la reacción de comunidades que muchas veces no conocen oportunamente la existencia de estos permisos.
Otro aspecto cuestionado es la limitación de las medidas cautelares ambientales. El proyecto establece que estas tendrían una duración máxima de seis meses, incluso en causas donde podrían existir riesgos de daños irreversibles al medio ambiente o a la salud de las personas.
FIMA también observa con preocupación la creación de un mecanismo que permitiría compensar con recursos públicos a titulares de proyectos cuyas Resoluciones de Calificación Ambiental sean anuladas por sentencia judicial. A juicio de la organización, esto podría trasladar al Estado parte del riesgo económico que corresponde asumir a los inversionistas.
Además, el proyecto fortalecería la llamada “rectoría técnica” del Servicio de Evaluación Ambiental, permitiendo que el SEA concentre mayores facultades frente a los pronunciamientos de otros organismos públicos con competencia ambiental. Para FIMA, esto puede debilitar el sistema de contrapesos técnicos que hoy permite una evaluación más rigurosa de los proyectos.
El análisis también cuestiona modificaciones en materia de acuicultura, la postergación de la implementación efectiva del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, y la posibilidad de transformar un régimen especial de evaluación ambiental en obligatorio mediante un decreto con fuerza de ley.
En sus conclusiones, FIMA plantea que estas disposiciones no entregarían verdadera certeza jurídica, sino que podrían aumentar la conflictividad ambiental al reducir controles institucionales y cerrar vías de reclamación. Por ello, recomienda suprimir las normas más regresivas o abrir una discusión legislativa separada, con mayor análisis técnico, participación ciudadana y resguardos ambientales.
