Durante una exposición en Santiago ante autoridades nacionales y expertos en seguridad, el fiscal alertó que la nueva ruta comercial que unirá el puerto de Santos (Brasil) con los terminales marítimos de Antofagasta y Mejillones, podría ser utilizada por bandas dedicadas al tráfico de drogas, armas, migrantes y lavado de activos.
“Lo que nos tiene que preocupar es el PCC, porque le vamos a dar un tremendo acceso a través del corredor bioceánico”, enfatizó Castro Bekios, subrayando la experiencia de esta organización en el control territorial y su capacidad para adaptarse a nuevas rutas de tráfico.
El fiscal recordó que ya se han detectado señales de presencia de carteles mexicanos en el país, como lo demuestra el caso de un laboratorio de metanfetamina desarticulado en enero de 2024 en la Región de O’Higgins, el cual operaba con nexos desde Antofagasta y tendría vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
La preocupación del Ministerio Público se basa en el potencial que tiene esta infraestructura vial para conectar el Atlántico con el Pacífico, facilitando el flujo comercial entre Brasil, Paraguay, Argentina y Chile, pero también abriendo oportunidades para que el crimen organizado amplíe sus operaciones logísticas.
Frente a este escenario, Castro Bekios llamó a fortalecer los mecanismos de inteligencia penal, aumentar la fiscalización marítima, y reforzar la cooperación internacional entre las fiscalías y aduanas de los países involucrados.
“No se trata de frenar el comercio, sino de anticiparse al crimen”, sostuvo el fiscal regional.
El Corredor Bioceánico, cuya construcción avanza con apoyo de varios gobiernos sudamericanos, busca posicionar a Chile como una puerta de salida estratégica hacia los mercados de Asia-Pacífico. Sin embargo, esta ventaja también podría transformarse en una debilidad si no se toman medidas preventivas para blindar la seguridad en la zona norte del país.
