El megaincendio que arrasó sectores de Viña del Mar, Quilpué y la Región de Valparaíso, dejando 138 personas fallecidas y miles de damnificados, se convirtió en una de las mayores tragedias en la historia reciente del país. Sin embargo, lo que comenzó como una emergencia nacional hoy evoluciona hacia un escándalo institucional de proporciones mayores.
Cinco informes de la Contraloría General de la República, cada uno con más de 100 páginas, revelan una trama de irregularidades que pone bajo sospecha el uso de recursos públicos destinados a la emergencia y reconstrucción.
No se trata solo de desorden administrativo. Se trata de pagos millonarios que no pueden ser acreditados, sobreprecios extremos y evidencia documental inconsistente o derechamente inexistente.
Más de $525 millones en pagos sin respaldo verificable
Uno de los hallazgos más graves involucra pagos a la empresa Minera y Construcción Río Grande por más de $125 millones, correspondientes a 49 turnos de camiones tolva cuya ejecución no pudo ser verificada.
No existen registros, bitácoras ni evidencia suficiente que permita acreditar que esos trabajos se realizaron.
En paralelo, la empresa San Nicolás recibió pagos por cerca de $399 millones asociados a maquinaria pesada, respaldados con fotografías repetidas, inconsistentes o sin capacidad de identificar el lugar o fecha de ejecución de los trabajos.
En términos simples: el Estado pagó por servicios que no se puede probar que existieron.
Sobreprecios extremos y posible esquema de intermediación
El informe también detectó contrataciones con sobreprecios que alcanzan entre el 220% y el 357% respecto a servicios similares contratados por otras instituciones en el mismo contexto de emergencia.
Más grave aún, Contraloría identificó casos donde empresas contratadas subcontrataron el 100% de los servicios a terceros, práctica que no solo está prohibida en estos términos, sino que habría generado sobreprecios por más de $4.200 millones.
Este mecanismo, conocido informalmente como “empresa de paso”, permite que una empresa actúe como intermediaria sin ejecutar directamente el servicio, capturando margen económico sin aportar valor real.
Fotografías repetidas, bitácoras inconsistentes y trabajos imposibles
Entre las irregularidades detectadas se encuentran:
- Fotografías repetidas para justificar distintos trabajos.
- Bitácoras que registran a un mismo operador manejando dos máquinas al mismo tiempo.
- Servicios de transporte sin registros de pasajeros ni recorridos.
- Turnos de maquinaria sin evidencia técnica verificable.
Estos patrones no aparecen como hechos aislados, sino como una tendencia sistemática a lo largo de múltiples contratos.
Incluso se entregaron equipos sin certificación obligatoria
El informe también detectó la distribución de 382 cocinillas sin certificación de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), infringiendo la normativa vigente y poniendo potencialmente en riesgo a las propias familias damnificadas.
Contraloría remite antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado
Ante la gravedad de los hechos, Contraloría decidió remitir todos los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE), organismos que deberán determinar la existencia de eventuales delitos y perseguir responsabilidades civiles y penales.
Además, la Delegación Presidencial Regional deberá restituir cerca de $570 millones en un plazo de 30 días, correspondientes a montos cuestionados.
Reconstrucción incompleta y recursos bajo sospecha
Mientras miles de familias perdieron todo, el proceso de reconstrucción avanza lentamente. Según antecedentes conocidos, solo una fracción menor de las viviendas destruidas ha sido reemplazada por soluciones habitacionales de emergencia.
Hoy, la pregunta ya no es solo por qué la reconstrucción ha sido lenta.
La pregunta es otra:
¿Dónde está el dinero que debía reconstruir la vida de las víctimas?
Lo que está en juego: confianza pública y responsabilidad institucional
El megaincendio no solo dejó una herida social profunda. También dejó al descubierto posibles fallas estructurales en el control del gasto público en contextos de emergencia.
Cuando los recursos destinados a las víctimas no pueden ser trazados con claridad, la tragedia se multiplica.
Primero por el fuego.
Luego por la sospecha.
