El martes 8 de julio, en una sesión de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputadas y Diputados, el diputado René Alinco expuso la crítica situación que enfrentan familias campesinas de Villa O’Higgins, en la Provincia Capitán Prat, Región de Aysén. En presencia del Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, Javier Etcheberry Celhay, el parlamentario presentó una carta firmada por dirigentes sociales y organizaciones rurales que plantean el impacto que están teniendo los cobros por arriendos fiscales, las trabas para renovar terrenos y la creciente precariedad de la vida rural en zonas extremas del país.
Durante su intervención, Alinco dio lectura a un extracto del documento, destacando que “en este lugar aún existe un sentido patriótico de Chile, y en donde claramente se expresa con un estilo de vida la soberanía pura”. Agregó que “los impuestos no deben significar ahorcar económicamente a los mismos que con esos impuestos se pretende ayudar”, haciendo un llamado directo a las autoridades presentes para abordar con urgencia esta situación.
La carta solicita una revisión profunda de las políticas de arriendo fiscal en Villa O’Higgins, la renovación automática de los contratos para quienes llevan más de una década en sus predios, el fin de los cambios de uso de suelo sin consulta a las comunidades, mayor celeridad en las solicitudes de ampliación de terrenos y el resguardo de pasos vecinales en sectores fiscales o privados.
El documento fue suscrito por el concejal Juan Carlos Muñoz, junto a representantes de la Agrupación de Campesinos “El Desafío” de Villa O’Higgins, la Agrupación de Mujeres Rurales de la Provincia Capitán Prat y la dirigenta social Carolina Cisterna. Todos ellos advierten que, si no se toman medidas concretas, los habitantes de la zona seguirán siendo empujados a abandonar el territorio debido a las condiciones impuestas por el propio Estado.
El diputado Alinco cerró su intervención apelando al compromiso de la Comisión de Agricultura para que esta situación no quede en el olvido. “Es una realidad que clama por justicia territorial, y es urgente que el Estado asegure condiciones dignas para quienes sostienen la vida rural en las zonas más australes del país”, concluyó.
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