Desde perros quemados en Calama, hasta caballos golpeados en Aysén y lobos marinos atacados con fuegos artificiales en la costa, los casos se multiplican de Arica a Punta Arenas. Y no se trata de hechos aislados, sino de una tendencia nacional que ha motivado al presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, Jaime Araya, a actuar.
“Esto es una pandemia silenciosa. Los casos van en aumento y el nivel de crueldad es cada vez más alto. Como Estado estamos absolutamente al debe”, afirmó el parlamentario, en una sesión en la que presentó una decena de casos recientes que estremecieron a la comisión.
Un país que maltrata… y calla
El relato de Araya fue demoledor. Entre enero y junio de 2025, se han registrado más de 5.000 denuncias por maltrato animal. Solo en Puerto Montt, se rescataron 14 perros desnutridos y hacinados. En Copiapó, un hombre fue detenido por apuñalar a un perro. En Pudahuel, un funcionario municipal fue acusado de asesinar a ocho cachorros, uno de ellos decapitado. Y en Punta Arenas, fueron hallados cadáveres de perros dentro de bolsas de basura.
Las historias abundan, pero la justicia escasea.
La Fiscalía de Ñuble, por ejemplo, investiga cerca de mil casos de maltrato y abandono animal. Sin embargo, menos del 10% de las denuncias termina con alguna sanción efectiva. La mayoría queda archivada por falta de pruebas, escasez de peritajes veterinarios o simplemente, por baja prioridad institucional.
Una legislación dormida
Chile cuenta con la Ley Cholito, que regula la tenencia responsable de mascotas. Pero no es suficiente. Según Araya, existen actualmente alrededor de 12 proyectos de ley sobre protección animal durmiendo en el Congreso. Ninguno ha avanzado con la urgencia que requiere esta realidad.
“Esto no puede seguir así. Tenemos que priorizar proyectos, citar al Ministerio del Interior, a la Ministra de Medio Ambiente, a la PDI y a Carabineros. No puede ser que frente a esta brutalidad, el Estado mire para el lado”, insistió el diputado por Antofagasta.
En la misma sesión, propuso realizar en julio una sesión especial dedicada exclusivamente al maltrato animal, con participación de autoridades, expertos y organizaciones de protección.
Víctimas sin voz… y sin ayuda
El problema no solo es legal. Es también estructural. Gran parte del trabajo de rescate y cuidado de animales víctimas de abuso recae en personas voluntarias, sin financiamiento ni apoyo estatal.
“No hay políticas públicas integrales. Las municipalidades no invierten en esto. Los refugios están colapsados y los rescatistas viven a punta de rifas y donaciones”, comenta una representante de una ONG de Valparaíso, que pidió anonimato por temor a represalias tras denunciar peleas de perros en su comuna.
Araya recogió esta preocupación y propuso abrir la comisión a las organizaciones ciudadanas:
“Queremos escucharlos, recibir sus denuncias y propuestas. No podemos legislar desde Santiago sin entender lo que pasa en terreno”.
¿Una nueva institucionalidad?
La gravedad del fenómeno ha llevado a proponer incluso cambiar el nombre de la Comisión de Medio Ambiente a Comisión de Medio Ambiente y Bienestar Animal, como señal de que la protección animal debe ser un eje central de la política pública.
“No es exagerado decir que esto refleja algo más profundo. Una sociedad que tolera este nivel de crueldad está enferma. Y si no actuamos, la violencia solo se va a expandir”, concluyó Araya.
