La explotación sexual de menores en Chile ya no es un fenómeno emergente. Es una realidad instalada.
Un informe del Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez reveló que entre 2022 y 2024 las denuncias por este delito aumentaron un 73% a nivel nacional, afectando principalmente a niñas y adolescentes, quienes representan cerca del 90% de las víctimas.
Lo más preocupante es que, según la propia Defensoría, la mayoría de los casos involucra a niños y adolescentes que se encuentran bajo protección del Estado, ya sea en residencias del Servicio Mejor Niñez o en programas ambulatorios.
El defensor de la Niñez ha sido categórico: “Ya no es un fenómeno. Es una forma de delinquir que se ha instalado en el país”.
Un caso que expone la vulnerabilidad del sistema
Uno de los episodios más graves quedó registrado en una residencia de Mejor Niñez en Quillota, Región de Valparaíso.
De acuerdo con reportes internos fechados en enero de 2025, 22 de 27 adolescentes atendidas en ese centro fueron identificadas como víctimas durante 2024.
El documento detalla reiterados acercamientos indebidos por parte de adultos, intentos de captación a través de redes sociales y situaciones que los funcionarios consideraron indicadores de explotación.
También se consignaron alertas formales dirigidas a tribunales respecto de dinámicas de riesgo al interior y exterior del recinto.
El caso no es aislado. Es parte de un patrón más amplio.
Las cifras regionales que preocupan
Hasta octubre de 2025:
- La Región Metropolitana registraba 225 víctimas.
- Valparaíso contabilizaba 118 casos.
- Magallanes exhibía la tasa más alta del país: 68,9 víctimas por cada 100.000 menores.
En esta última región, el Ministerio Público ha logrado 14 condenas durante 2025, mientras otros imputados permanecen en prisión preventiva. Sin embargo, las investigaciones apuntan a dinámicas complejas que combinan captación mediante drogas, dinero o manipulación emocional.
Bajo protección estatal: el punto más crítico
Desde 2019, la Defensoría de la Niñez ha presentado 56 querellas por explotación sexual infantil.
De ese total, 43 corresponden a niños bajo cuidado estatal.
Solo cinco causas han concluido en condena.
El dato instala una tensión institucional profunda: el sistema que debía proteger a los menores aparece, en múltiples casos, como el entorno desde donde se originan o detectan las vulneraciones.
Expertos advierten que la sobreocupación en algunas residencias, la alta rotación de personal y la complejidad psicosocial de los adolescentes generan un entorno altamente vulnerable para la captación por parte de redes criminales o explotadores individuales.
Redes sociales y nuevas dinámicas de captación
Desde 2022, la legislación chilena incorporó como delito la transmisión de material de explotación sexual infantil a través de dispositivos tecnológicos.
Las operaciones “Orión” de la Policía de Investigaciones detectaron casi 180 mil imágenes y más de 37 mil videos asociados a redes de abuso sexual infantil, con casi cien detenidos en distintas regiones.
La expansión digital ha modificado la forma en que se producen los contactos y la captación, facilitando el acceso de adultos a menores mediante aplicaciones y redes sociales.
Un fenómeno que se cruza con violencia y crimen organizado
La Defensoría de la Niñez vincula el aumento de estos delitos con el crecimiento de la violencia armada. Solo en 2024, 51 niños murieron por uso de armas de fuego en Chile.
En regiones portuarias como Valparaíso, la presencia de bandas criminales y la circulación de drogas también son factores que inciden en la dinámica delictiva.
Algunos estudios estiman que hasta un tercio de los casos de explotación sexual infantil podría estar relacionado con dinámicas de turismo sexual, lo que ha obligado a reforzar protocolos con el sector hotelero y operadores turísticos.
El desafío estructural
Más allá de los casos individuales, el aumento de denuncias y la baja proporción de condenas reflejan un problema sistémico.
La explotación sexual infantil en residencias de protección no solo es un delito: es una falla estructural del sistema de cuidado.
El debate ya no es si el fenómeno existe, sino cómo se fortalece la supervisión, la prevención y la respuesta institucional para evitar que niños y adolescentes bajo protección estatal sigan siendo víctimas.
La crisis no es silenciosa.
Está documentada.
Y exige respuestas.
