Con 93 votos a favor, 27 en contra y 17 abstenciones, la Cámara de Diputados confirmó este martes el proyecto que moderniza y agiliza los llamados permisos sectoriales. La norma será promulgada por el Ejecutivo en los próximos días y, según el Ministerio de Economía, permitirá reducir entre 30 % y 70 % los tiempos de tramitación que hoy frenan iniciativas clave para el crecimiento económico del país.
La ley crea un sistema digital unificado y designa un gestor de permisos como “ventanilla única” para los inversionistas, eliminando trámites duplicados entre ministerios y servicios públicos. También habilita la presentación de declaraciones juradas en proyectos catalogados como de “bajo riesgo”, lo que agilizará obras menores sin sacrificar la fiscalización posterior.
“Después de más de un año de discusión, este avance demuestra que es posible hacer al Estado más eficiente sin relajar sus exigencias”, destacó el ministro de Economía, Nicolás Grau, tras la votación. reuters.com
Reacciones cruzadas
- Gremios empresariales, como la CPC y el Consejo Minero, celebraron la medida y adelantaron que destrabará proyectos en cobre, litio y energías limpias cuyo inicio estaba estancado por la burocracia.
- Organizaciones medioambientales señalaron que el “fast-track” no debe convertirse en un atajo que reste transparencia a los procesos de evaluación social y ecológica.
- Desde la oposición, algunos parlamentarios advirtieron que la verdadera prueba será la dotación de personal y recursos que reciban los servicios para cumplir los nuevos plazos.
Qué cambia en la práctica
- Tramitación paralela de permisos: los servicios deberán procesar solicitudes en simultáneo, no de forma consecutiva.
- Plazos máximos vinculantes: si la autoridad no responde dentro del periodo fijado, el permiso se entiende otorgado salvo excepciones.
- Revisión ex post: se refuerzan las facultades fiscalizadoras para verificar el cumplimiento de las declaraciones juradas y sancionar eventuales infracciones.
Próximos pasos
El Gobierno informó que trabajará durante el segundo semestre en un reglamento que detalle la operatividad de la plataforma digital y los criterios de riesgo para las declaraciones juradas. En paralelo, sigue pendiente la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), considerada por el propio Ejecutivo como la “segunda pata” para destrabar la inversión de forma sostenible.
Con esta ley, Chile busca enviar una señal de certidumbre a los mercados en un momento en que las mineras BHP y Freeport-McMoRan –entre otras– han advertido que los atrasos regulatorios afectan planes de expansión en el mayor productor mundial de cobre y segundo de litio.
