El acceso a la vivienda propia continúa alejándose de una parte importante de la población en Chile. Actualmente, para acceder a un crédito hipotecario destinado a la compra de una vivienda de UF 4.000 —equivalente a aproximadamente $150 millones de pesos— los bancos están exigiendo acreditar ingresos mensuales cercanos a los $3.500.000.
Así lo reflejan las condiciones vigentes en el sistema financiero, donde las instituciones evalúan la capacidad de pago de los solicitantes bajo criterios más estrictos, en un contexto marcado por tasas de interés más elevadas y un sostenido incremento en el valor de las propiedades.
El pie mínimo supera los $30 millones
Además del requisito de renta, los compradores deben contar con un ahorro significativo previo. En la mayoría de los casos, las entidades financieras exigen un pie equivalente al 20% del valor de la propiedad, lo que representa cerca de $31 millones de pesos para una vivienda de UF 4.000.
Este monto debe ser financiado directamente por el comprador, ya que no forma parte del crédito hipotecario, lo que constituye una de las principales barreras de entrada al mercado inmobiliario.
Crédito a 20 años y altos estándares de evaluación
Las estimaciones consideran un crédito hipotecario a 20 años plazo, bajo las condiciones actuales del mercado. En este escenario, los bancos aplican criterios de evaluación que buscan asegurar que el dividendo mensual no supere un porcentaje determinado de los ingresos del solicitante, generalmente cercano al 25% o 30%.
En el caso de compras conjuntas, por ejemplo entre parejas, el requisito de ingreso se distribuye entre ambos solicitantes. Sin embargo, cada uno debe acreditar ingresos cercanos a los $1.750.000 mensuales, cifra que igualmente supera ampliamente el ingreso promedio de la población.
Barrera estructural al acceso a la vivienda
Este escenario se explica por una combinación de factores estructurales, entre ellos el aumento en las tasas de interés durante los últimos años, el encarecimiento del suelo urbano, el alza sostenida en los costos de construcción y una mayor percepción de riesgo por parte de las instituciones financieras.
Como resultado, el acceso al crédito hipotecario se ha restringido progresivamente, consolidando un escenario donde la vivienda propia se vuelve cada vez más inaccesible para amplios sectores de la población, especialmente para la clase media.
Este fenómeno ha profundizado la brecha entre el costo de las viviendas y la capacidad real de financiamiento de los hogares, transformando el acceso a la vivienda en uno de los principales desafíos sociales y económicos del país.
