La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto de ley que endurece las sanciones e introduce nuevas figuras penales relativas a la interrupción del tránsito y la instalación de barricadas en la vía pública, conocido en la discusión legislativa como «Ley Antibarricadas 2.0«.
La iniciativa sorteó su primer trámite constitucional tras obtener un respaldo de 89 votos a favor, 41 en contra y 3 abstenciones en el hemiciclo, lo que le permite avanzar hacia el Senado para continuar con su tramitación legislativa. Sin embargo, el debate estuvo marcado por una profunda controversia entre la oposición y sectores del oficialismo.
La indicación que preocupa al Oficialismo
El proyecto propone que sea delito obstaculizar total o parcialmente la circulación de personas y vehículos, además de afectar el funcionamiento regular de servicios de transporte público o privado. Una de las indicaciones (mejoras) clave del articulado propuesta por el Diputado Raúl Leiva (PS) fue despachada tras lograr una votación de 72 sufragios a favor, 61 en contra y una abstención.
Este hecho cambió el panorama en el oficialismo al introducir la siguiente excepción: «Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable si la persona se encuentra ejerciendo su legítimo derecho a reunión, huelga o manifestación pacífica». Entonces, si una protesta pacífica ocupa parte de una calle, no bastaría con constatar que dificultó el tránsito para aplicar la sanción propuesta, también habría que determinar si las personas estaban ejerciendo legítimamente su derecho a manifestarse.
Ese es el punto que preocupa al oficialismo y al Ejecutivo, lo que -en parte- frustró la celebración en el Congreso.
“Yo creo que esta es una de las principales derrotas que ha tenido el gobierno, porque insistieron y siguen confundiendo el orden público con la seguridad pública”, afirmó el diputado Raúl Leiva (PS) a Radio Bíobio. Al mismo medio, el diputado Jaime Araya defendió la indicación del legislador PS porque “hace una diferenciación clarísima en que las manifestaciones pacíficas tienen que estar permitidas”. Cuestionó, además, que el proyecto “homologa conductas violentas con no violentas”.
Para el diputado Eduardo Cretton (UDI) la propuesta de Leiva “viene a desnaturalizar por completo el proyecto que había presentado el Ejecutivo en esta materia”.
Las reservas de constitucionalidad del FA y el PC
Durante la votación en Sala, las bancadas del Frente Amplio y del Partido Comunista formularon reserva de constitucionalidad respecto de varios puntos de la iniciativa. Desde el sector argumentaron que algunas de las definiciones y tipificaciones del proyecto vulneran derechos fundamentales consagrados en la Carta Magna —como la libertad de reunión y la protesta social—, anticipando un eventual requerimiento ante el Tribunal Constitucional en caso de que la norma sea convertida en ley por el Congreso.
