La alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, denunció ante el Ministerio Público la existencia de un presunto plan para asesinarla, luego de que vecinos le alertaran —bajo reserva de identidad— que bandas narcotraficantes habrían ofrecido $100 millones por su vida.
La autoridad comunal se encuentra desde 2025 con resguardo policial permanente debido a amenazas previas. El nuevo antecedente surge tras la demolición de un club deportivo que, según información municipal, estaba siendo utilizado por organizaciones vinculadas al narcotráfico.
El caso no solo tensiona la seguridad de una autoridad local, sino que expone una dimensión estructural más profunda: el conflicto directo entre gobiernos comunales y economías criminales que buscan controlar territorio.
En redes sociales, la reacción ciudadana ha sido inmediata. Predominan mensajes de apoyo a la alcaldesa y llamados a enfrentar con mayor dureza la delincuencia. Sin embargo, también emergen comentarios que promueven justicia por mano propia, reflejando el nivel de frustración social frente a la violencia.
El desafío institucional es doble: garantizar la seguridad de la autoridad comunal y evitar que el debate derive en legitimación de salidas extrajudiciales.
El caso abre nuevamente la discusión sobre:
- La protección efectiva a autoridades locales.
- El rol de los municipios frente al crimen organizado.
- La necesidad de fortalecer la coordinación entre Estado central y gobiernos comunales.
Más allá del impacto político, el hecho revela una tensión estructural: cuando el poder municipal interviene espacios capturados por economías ilícitas, la reacción criminal busca intimidar para restablecer control.
