Corte interviene ante graves denuncias en residencia de adultos mayores de Coyhaique
Un importante avance judicial se produjo en la situación que afecta al Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) Eliana Contreras Monje, ubicado en Coyhaique, luego de que la Corte de Apelaciones acogiera la solicitud de una orden de no innovar presentada en el marco de un recurso de protección impulsado por el diputado René Alinco, junto a tutores de residentes.
La resolución, dictada el viernes 16 de octubre, establece medidas cautelares destinadas a proteger la vida y la integridad física y psíquica de los adultos mayores que permanecen en el recinto, mientras se desarrolla la tramitación judicial.
La decisión se produce tras conocerse antecedentes sobre cinco fallecimientos reportados durante septiembre, denuncias de presuntos delitos sexuales, posibles maltratos, irregularidades administrativas y deficiencias en las condiciones de atención.
Desde las afueras del establecimiento, el parlamentario manifestó su conformidad con la decisión judicial, pero advirtió que las situaciones denunciadas requieren respuestas urgentes de las autoridades.
“Es un edificio bastante moderno, se ve bastante acogedor, por lo menos desde afuera, pero tras las paredes de este edificio, que está dedicado al cuidado de nuestros adultos mayores, han sucedido situaciones gravísimas”, declaró Alinco.
El legislador aseguró que existen antecedentes de delitos sexuales cometidos al interior del establecimiento, algunos de los cuales, según afirmó, habrían derivado en condenas judiciales, además de otras situaciones que estarían siendo investigadas.
También denunció posibles episodios de maltrato, problemas de infraestructura, irregularidades administrativas y presuntas prácticas de nepotismo.
Cinco fallecimientos y denuncias por falta de atención
Uno de los antecedentes que mayor preocupación ha generado corresponde a la muerte de cinco residentes del establecimiento durante un período aproximado de dos semanas.
Al respecto, el diputado Alinco sostuvo que resulta indispensable esclarecer las circunstancias de estos fallecimientos y determinar si los protocolos de atención y cuidado se cumplieron adecuadamente.
“En dos semanas fallecieron cinco personas. Esas cinco personas, si bien es cierto, son adultos mayores, estaban relativamente bien y no sabemos cuáles fueron las causas de estas muertes”, señaló.
El parlamentario también aseguró haber recibido testimonios sobre adultos mayores que presentarían heridas y lesiones por presión, conocidas como escaras, que no habrían recibido la atención pertinente.
Asimismo, denunció una presunta falta de pañales y otros insumos básicos, además de problemas con el suministro de agua caliente.
Según relató, residentes del ELEAM habrían tenido que bañarse con agua fría durante el invierno, debido a dificultades en el sistema de calentamiento.
Estas situaciones, de comprobarse, podrían constituir graves deficiencias en los estándares de atención exigidos para establecimientos dedicados al cuidado de personas mayores dependientes.
No obstante, las circunstancias de los cinco fallecimientos aún deben ser esclarecidas. SENAMA ha señalado que las personas fallecidas presentaban enfermedades de base, mientras que la resolución judicial no establece causas de muerte ni atribuye responsabilidades.
Corte ordena evaluación sanitaria urgente y garantiza continuidad de cuidados
En su resolución, correspondiente a la causa Rol N.º 226-2026, la Corte de Apelaciones de Coyhaique estableció obligaciones concretas para las instituciones involucradas.
La Seremi de Salud de Aysén deberá realizar o verificar, con carácter urgente, una evaluación sanitaria actualizada del establecimiento e informar sus resultados y las medidas adoptadas dentro de tres días.
Por su parte, el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) tendrá que supervisar la continuidad de los cuidados y adoptar medidas para evitar interrupciones en la atención, especialmente ante un eventual cambio de administración. También deberá informar al tribunal en el plazo de tres días.
La orden judicial exige, además, que la entidad operadora del ELEAM garantice permanentemente la alimentación, higiene, administración de medicamentos prescritos, disponibilidad de insumos indispensables y procedimientos de derivación médica.
Paralelamente, la Corte otorgó cinco días a SENAMA, la Seremi de Salud y la Fundación Iberoamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores para entregar antecedentes relacionados con las condiciones sanitarias, fiscalizaciones, medidas correctivas y eventuales modificaciones administrativas del recinto.
Asimismo, solicitó información al Servicio de Salud Aysén sobre los mecanismos de coordinación y derivación médica de los residentes. orden de no innovar orden de no innovar
Alinco denuncia presuntas amenazas contra trabajadores
Otro de los aspectos abordados por el parlamentario se relaciona con eventuales presiones contra funcionarios del establecimiento que habrían colaborado con la entrega de información sobre las condiciones internas del ELEAM.
Alinco aseguró haber recibido antecedentes sobre presuntas amenazas de sanciones y despidos contra trabajadores que proporcionaran fotografías, testimonios u otros antecedentes a los parlamentarios que han fiscalizado el recinto.
Incluso afirmó que algunas personas habrían sido desvinculadas después de las visitas de fiscalización realizadas junto a la diputada Valdebenito.
El diputado cuestionó estas eventuales represalias y sostuvo que la protección de los trabajadores también resulta fundamental para garantizar una atención digna y segura a los residentes.
Estas denuncias deberán ser investigadas para determinar su veracidad y establecer eventuales responsabilidades.
Diputado emplaza al Ministerio de Desarrollo Social
Alinco también dirigió sus críticas al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, cuestionando la respuesta institucional frente a las denuncias conocidas durante las últimas semanas.
Según explicó, sostuvo una reunión con la ministra de la cartera, junto a la diputada Valdebenito, para exponer los antecedentes y solicitar medidas concretas.
Sin embargo, manifestó su disconformidad con la respuesta recibida y aseguró que, hasta el momento de sus declaraciones, no tenía conocimiento de la apertura de un sumario administrativo para investigar las situaciones denunciadas.
En el comunicado emitido tras la resolución judicial, el parlamentario insistió en que las instituciones responsables deben garantizar que las medidas ordenadas se cumplan efectivamente.
“Estamos conformes con lo resuelto por la Corte. Pero el Ministerio de Desarrollo Social debe asumir su responsabilidad y garantizar que estas medidas se cumplan. No basta con anunciar fiscalizaciones: las familias necesitan certezas de que sus adultos mayores están siendo protegidos y que las denuncias serán esclarecidas”, sostuvo. Comunicado_prensa_Aysen_WORD(2)
Una resolución preventiva que obliga a las autoridades a actuar
El abogado Rodrigo Álvarez Seguel, vinculado a la presentación judicial, destacó que la resolución establece medidas inmediatas de protección y plazos específicos para que las instituciones públicas respondan ante el tribunal.
“La Corte estableció medidas inmediatas y plazos concretos de tres días para que SENAMA y la autoridad sanitaria informen. Cuando están comprometidas la vida y la integridad de personas mayores en situación de dependencia, la protección judicial requiere respuestas oportunas, documentadas y verificables”, explicó.
Es importante precisar que la Corte declaró admisible el recurso de protección y concedió una orden de no innovar, pero todavía no ha dictado una sentencia definitiva sobre el fondo del caso. Por lo tanto, la resolución no acredita judicialmente las irregularidades denunciadas ni establece responsabilidades respecto de los fallecimientos.
Su objetivo es impedir que se agraven eventuales situaciones de riesgo mientras se recopilan los antecedentes necesarios para resolver la acción constitucional.
Finalmente, el diputado René Alinco realizó un llamado a la tranquilidad de los familiares y tutores de los residentes, reafirmando que continuará realizando gestiones para esclarecer los hechos.
“Lo único que buscamos nosotros es el bienestar y la dignidad de los ancianos y ancianas de la región de Aysén”, concluyó.
La decisión de la Corte marca una nueva etapa en este caso, al establecer obligaciones inmediatas de supervisión y protección, cuyo cumplimiento deberá ser informado al tribunal. La respuesta de las autoridades será determinante para conocer las condiciones actuales del establecimiento y las medidas adoptadas para garantizar la seguridad de sus residentes.
