Los diputados independientes Jaime Araya y Héctor Ulloa impulsan la creación de una Comisión Especial Investigadora para esclarecer las actuaciones de los organismos públicos frente a las millonarias pérdidas asociadas a operaciones financieras realizadas por las AFP.
La iniciativa surge tras una investigación de Diario Financiero que estimó en US$11.600 millones el deterioro asociado a operaciones con derivados de tasas de interés (swaps) durante 2026. “Vamos a iniciar una comisión especial investigadora. Hoy día empezamos a recolectar las firmas. Esperamos que de manera transversal la Cámara de Diputados pueda fiscalizar los actos de gobierno respecto de estas actuaciones”, afirmó en conversación con Contrapoder Chile.
“A cada instante salen nuevos antecedentes y más graves respecto de la pérdida millonaria de los fondos de pensión de los trabajadores de nuestro país”, afirmó Araya, quien anunció el inicio de la recolección de firmas y pidió respaldo transversal.
“Llegó el momento que la política le dé una respuesta como corresponde a la ciudadanía y, por lo tanto, una comisión especial investigadora tiene que esclarecer en profundidad estos hechos para saber qué es lo que se hizo”, enfatizó.
Por su parte, Héctor Ulloa cuestionó las advertencias previas que habrían recibido las administradoras y la respuesta de los organismos fiscalizadores.
“Aquí hay un hecho que agrava todavía más esta situación. El Banco Central advirtió que este escenario podía ocurrir y el propio exsuperintendente reconoció que existieron alertas. Pese a ello, las AFP siguieron arriesgando los ahorros de miles de trabajadores”, sostuvo.
“Entonces, la pregunta es inevitable: ¿quién falló? ¿Las administradoras que tomaron estas decisiones o quienes tenían la obligación de fiscalizarlas?”, agregó.
Ulloa también manifestó preocupación por los efectos sobre los afiliados próximos a jubilarse, especialmente aquellos que mantienen sus ahorros en el Fondo E.
“No puede ser que las ganancias sean para las AFP y las consecuencias de sus malas decisiones las paguen los trabajadores”, enfatizó.
Ambos parlamentarios buscan que la Cámara investigue las actuaciones de los organismos competentes y esclarezca eventuales responsabilidades políticas y administrativas, sin perjuicio de posibles antecedentes que deban remitirse a otras autoridades.
