Una compleja investigación coordinada entre la Policía de Investigaciones (PDI), la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Policía Federal de Brasil permitió detectar la presencia y operaciones de una peligrosa organización criminal de origen brasileño con ramificaciones en territorio chileno, se trata de «Primer Comando Capital» (PCC) surgida en la década del 90 en una cárcel carioca.
Fruto de esa colaboración, que lleva más de dos años, la madrugada del lunes 28, la Brigada Antinarcóticos de la PDI realizó un procedimiento coordinado desde Arica a Lebu, resultando 20 personas involucradas: 13 cumpliendo condenas en cárceles chilenas y 7 detenidas en los allanamientos efectuados en las últimas horas.
Las indagatorias policiales e informes de inteligencia internacional confirmaron que entre los integrantes de este grupo delictivo figura un prófugo de la justicia implicado en el homicidio del funcionario de Carabineros Alejandro Ortiz, identificado como Francisco Rivera Galaz.
El asesinato de Ortiz ocurrió en agosto pasado cuando, de franco, la víctima recibió un disparo en la cabeza.
Operación internacional y nexos en territorio chileno
El intercambio de antecedentes estratégicos entre la PDI y las agencias de inteligencia internacionales permitió reconstruir el modus operandi de la facción, la cual utilizaba rutas sudamericanas para el acopio, traslado y blanqueo de activos provenientes del tráfico de drogas y otros delitos conexos.
El vínculo local se consolidó al identificarse que el sujeto con orden de detención vigente por el asesinato del efectivo policial se mantenía oculto operando bajo la cobertura logística que le brindaba esta estructura criminal extranjera. Las policías de Chile y Brasil, junto a los organismos norteamericanos, mantienen operativos de búsqueda y diligencias de inteligencia de alta complejidad para lograr la captura del prófugo y desarticular los brazos operativos del grupo en la región.
El hallazgo encendió las alertas de los organismos de seguridad nacional ante el avance de redes transnacionales del narcotráfico y el crimen organizado en el país.
