Una tormenta política y judicial sacude a la Región de Magallanes tras revelarse presuntas irregularidades en la adjudicación de una vivienda social que beneficia directamente a la pareja del diputado del Partido Republicano, Alejandro Riquelme.
Según una investigación exclusiva publicada por La Prensa Austral, la beneficiaria, Susan Chicuy, optó por guardar estricto silencio al ser confrontada en el propio inmueble en disputa, ubicado en el complejo habitacional «Estepa Austral I», en el sector norte de Punta Arenas. La vivienda, obtenida en 2022 mediante el Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS49), muestra claros signos de uso habitacional continuo, incluye un timbre con su nombre y una camioneta registrada a nombre de las sociedades comerciales que comparte con el parlamentario.
El caso escaló formalmente luego de que se remitieran los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado por presuntas irregularidades en la obtención del beneficio estatal. La Fiscalía Local de Punta Arenas abrió una investigación penal para indagar presuntas irregularidades en la adjudicación, denunciada por el director subrogante del Serviu Magallanes, Omar González Asenjo.
La radiografía de la sospecha: ¿Vulnerabilidad o engaño?
Los documentos exponen que Susan Chicuy postuló al sistema figurando en el tramo del 40% más vulnerable de la población. En su declaración jurada del Registro Social de Hogares aseguró ser madre soltera de cuatro hijos y habitar una precaria vivienda de dos dormitorios que carecía de agua potable y alcantarillado, dependiendo de una fosa séptica.
La polémica estalló al revisar los certificados de nacimiento de los menores, constatando que en tres de ellos el padre biológico es el actual diputado Alejandro Riquelme, quien al momento de la entrega de la casa se desempeñaba activamente como Consejero Regional de la provincia de Magallanes. Además, de forma paralela a su declaración de extrema necesidad económica, la mujer figuraba como socia del político en tres empresas activas llamadas Magallania Capacitación Limitada, Magallania Asesorías Limitada y Magallania SpA.
La palabra del diputado: maniobra de distracción política.
Por su parte, el diputado Alejandro Riquelme desestimó las acusaciones que pesan sobre su entorno familiar directo en conversación con el medio magallánico. El parlamentario defendió la legalidad de todo el proceso aduciendo que el proyecto habitacional fue visado, revisado y aprobado rigurosamente hace cuatro años por los estamentos ministeriales competentes.
Riquelme atribuyó la filtración pública de estos antecedentes a una maniobra de distracción política motivada por su rol fiscalizador en la zona. “Llama profundamente la atención que este tipo de filtraciones aparezcan precisamente cuando hemos intensificado la fiscalización sobre irregularidades relacionadas con la compra de terrenos y construcción de viviendas en Magallanes”, afirmó a La Prensa Austral.
