Este es un reportaje de la investigación Las Ruinas del Carbón sobre el fin de la energía a base de carbón en América Latina, liderado por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y que reúne a diez medios de la región, publicado por Mongabay en mayo de 2026. En Contingencia Chile rescatamos parte de este importante reporte.
MONGABAY se adentró en Huasco -región de Atacama-. La periodista Michelle Carrere se percata que la comuna sobrevive bajo un manto de polvillo negro. Con poco más de 6.000 habitantes, este territorio se ha consolidado como la única «zona de sacrificio» del país que no ha cerrado ninguna de sus termoeléctricas a carbón ni cuenta con un cronograma claro para hacerlo. La falta de decisión y el retraso regulatorio mantienen en vilo la salud de su población y el futuro de su economía local.
Un inventario de metales pesados en el aire
A solo seis kilómetros del radio urbano opera el complejo termoeléctrico Guacolda, de la empresa Guacolda Energía SpA. Estas instalaciones queman carbón importado desde las minas de Drummond Ltd y Prodeco S.A., ubicadas en el departamento del Cesar, Colombia, en territorios adyacentes a la comunidad indígena yukpa. La energía generada se distribuye al Sistema Eléctrico Nacional y a contratos específicos con faenas mineras como Mantoverde S.A., Mantos Copper S.A. y la Compañía Minera Maricunga. La combustión diaria libera un alto volúmen de compuestos tóxicos: material particulado, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y hasta 14 metales pesados que incluyen mercurio, níquel y vanadio.
Adyacente a este complejo se ubica la planta de pellets de la Compañía Minera del Pacífico (CMP). Un informe técnico encargado por la Subsecretaría de Medio Ambiente en 2023 determinó que el polvo sedimentado en techos, vegetación y rocas de la comuna contiene partículas de hierro, cadmio, arsénico, plomo, selenio, aluminio, manganeso, zinc y cromo, derivados de la actividad conjunta de ambas plantas.
El impacto humano: Estadísticas alarmantes sin estudios definitivos
Investigaciones epidemiológicas —basadas en estadísticas generales de mortalidad y morbilidad del Ministerio de Salud— señalan que en 2016 los habitantes de Huasco presentaban un 71 % más de riesgo de muerte por enfermedades cardiovasculares y un 3.8 % más por afecciones cerebrovasculares en comparación con el promedio de Chile. Asimismo, se constató un índice de presencia de asma casi cuatro veces superior al promedio nacional.
La comunidad local asocia estas emisiones a diagnósticos de Trastorno del Espectro Autista (TEA) y problemas cognitivos en niños de escuelas rurales. Sin embargo, los estudios disponibles muestran correlaciones estadísticas pero no prueban una causalidad directa. Para establecer un vínculo definitivo se requieren estudios de cohorte (seguimiento a largo plazo de un grupo de personas), los cuales no han sido financiados ni ejecutados por el Ministerio de Salud.
Las empresas del sector, como la antigua propietaria AES Gener, argumentaron en su momento que dichos informes no son concluyentes al no aislar todas las variables del entorno. Por su parte, CMP argumentó un cambio en su matriz hacia energías renovables a partir de 2021 y citó un estudio propio de la consultora GAC que afirma que los indicadores de salud locales son equivalentes a los del resto de la región.
Pese a la evidencia estadística, el Estado no ha financiado estudios de cohorte, los que serían capaces de demostrar causalidad directa.
La agonía del último valle fértil
El impacto ambiental traspasa la salud humana y golpea la agricultura centenaria del Valle del Huasco. Los productores de aceite de oliva y de aceitunas reportan reducciones en la productividad de los huertos. El Colegio Médico de Chile confirmó que el dióxido de azufre emitido reacciona con la humedad y la neblina costera, generando ácido sulfúrico (lluvia ácida), lo que interrumpe los procesos de floración de las plantas. Un estudio de la Facultad de Agronomía de la Universidad Católica encargado en 2012 validó la dispersión de la lluvia ácida, aunque puntualizó que deficiencias previas en el suelo y el manejo hídrico de los predios dificultan medir con precisión matemática el impacto exclusivo de la contaminación industrial.
Los agricultores locales denuncian caídas dramáticas en el rendimiento por hectárea, pasando de producir 10.000 kilos antes de la instalación de las plantas a escasos 2.000 kilos en la actualidad.
Red de monitoreo, marco regulatorio y «cercos».
El complejo Guacolda, anteriormente en manos de la multinacional AES Gener, fue vendido a la administradora de fondos Capital Advisors tras la firma del acuerdo nacional de descarbonización. Con este movimiento comercial, los compromisos de cierre quedaron suspendidos.
Huasco dispone de 13 estaciones de monitoreo cuyos datos se integran en el Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire (SINCA) del Ministerio del Medio Ambiente. Especialistas del Colegio Médico y de la ONG Chile Sustentable señalan que el sistema procesa la información en promedios por hora, lo que impide visualizar altos índices de emisión que ocurren en lapsos de minutos. Adicionalmente, la mayoría de las estaciones activas pertenecen y son administradas por las propias empresas reguladas.
En el ámbito político, la administración del presidente José Antonio Kast retiró de la Contraloría General de la República la actualización de la Norma de Emisión para Centrales Termoeléctricas que había sido aprobada en 2025. Dicha modificación legal buscaba igualar los límites de emisión exigidos a las centrales inauguradas antes de 2011 (como las unidades 1 y 2 de Guacolda) con los estándares más estrictos aplicados a las plantas modernas. El Ejecutivo argumentó que el retiro responde a un proceso de auditoría de las normativas de la administración previa.
Paralelamente, Guacolda Energía SpA evalúa un proyecto de reconversión tecnológica basado en la co-combustión de carbón y amoníaco verde. Los informes financieros de la empresa especifican que esta alternativa requiere la extensión de las operaciones de la planta hasta el año 2050 para asegurar su viabilidad económica.
La tan anhelada «transición justa»
Frente a esta situación, los movimientos socioambientales de Huasco y las ONG exigen un plan integral que permita financiar de forma urgente un estudio de cohorte a través de universidades públicas chilenas y observadores internacionales para catastrar el daño genético, respiratorio y cognitivo real en la población infantil. Retirar las estaciones de medición de Guacolda y CMP, reemplazando su control por un sistema público que entregue datos abiertos en tiempo real para capturar las alertas de contaminación ocultas en los promedios horarios. Finalmente, exigen una ley que ponga fin a las operaciones de las unidades 1 y 2 por cumplimiento de su vida útil -más de 30 años en servicio-.
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