Una auditoría de la Contraloría General de la República reveló graves fallas en los controles internos de INDAP durante 2024, tras detectar la entrega de créditos y beneficios a personas que no cumplirían con los criterios exigidos para acceder a apoyo estatal.
Según los antecedentes, recursos destinados a pequeños agricultores habrían llegado a beneficiarios con alto patrimonio, vehículos de lujo e incluso personas vinculadas a plantaciones de marihuana.
El informe abre fuertes cuestionamientos sobre la fiscalización del organismo y el uso de fondos públicos que debían estar orientados al mundo rural y a quienes realmente necesitan apoyo productivo.
La pregunta queda instalada: ¿quién controla que los recursos del Estado lleguen efectivamente a los pequeños agricultores?
