La ministra de Salud, May Chomali, tomó distancia este viernes de una indicación impulsada por el propio gobierno que obligaría a hospitales, consultorios, colegios y organismos previsionales a entregar datos personales de migrantes irregulares —domicilio, teléfono y correo electrónico— al Servicio Nacional de Migraciones cuando exista un procedimiento de expulsión en curso.
Ante la medida, la secretaria de Estado fue tajante: “No podemos desde el Ministerio de Salud informar de estos temas, porque esa es información que se está entregando en el contexto de una atención sanitaria y eso está resguardado por el Código Sanitario y por la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes”. Reconoció ver la propuesta “con bastante preocupación” y confirmó que el asunto ya se discutió en el Comité de Ministros.
Desde Interior salieron, el subsecretario Máximo Pavez descartó descoordinación y habló de una «mala comprensión» y aseguró que los derechos de los pacientes “no se van a tocar”.
